pandilla mara Salvatrucha (MS) y por sus presuntos vínculos con ese grupo ilegal, informó la Fiscalía General.
El militar Adán Alfaro Iraheta, de 46 años, habría vendido el fusil con 500 cartuchos para el mismo a pandilleros que tienen presencia en el cantón Las Calderas de Apastepeque, San Vicente.
La orden de captura fue emitida por la oficina fiscal de San Vicente, luego de recabar las evidencias necesarias en las investigaciones en contra de Alfaro Iraheta.
La detención del sargento se realizó en el marco de un operativo en el que arrestaron a 18 pandilleros que serán acusados de homicidio, extorsión, agrupaciones terroristas; entre otros delitos.
Al momento de su detención, los policías le incautaron al militar, una pistola nueve milímetros y once cartuchos. El arma fue enviada al laboratorio de la Policía para ser sometida a la experticia y establecer si ha sido usada para cometer algún homicidio.
Las autoridades fiscales no detallaron en qué cantidad de dinero pudo haber vendido el fusil AK-47 a los pandilleros y si pudo haber comercializado otras armas con el referido grupo ilegal.
A Alfaro Iraheta lo acusan también de colaborar con los pandilleros, por lo que también enfrentará cargos por organizaciones terroristas.
Entre los años 2009 y 2015, las autoridades militares expulsaron a 393 integrantes de la Fuerza Armada por sus presuntos vínculos con las pandillas, según un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa.
La mayor cantidad de los separados de la institución castrense se registró entre enero y septiembre del 2015, período en el cual expulsaron a 223 supuestos integrantes de las pandillas, detalla el informe.
Esa cifra superó al número de militares separados de la institución entre los años 2010 y 2014, en el que hubo 170 supuestos pandilleros infiltrados en la Fuerza Armada y expulsados de la misma.
PNC: lo importante es que son arrestados
El director de la Policía Howard Cotto, reconoció que instituciones como la Fuerza Armada y la Policía son infiltradas por pandilleros, pero sostuvo que sería más preocupante que las autoridades no investigaran ni arrestaran a los infiltrados. “A mi preocupa cuando un miembro de una institución del Estado sea Policía, Fuerza Armada o cualquier otra, sale involucrado en alguna estructura criminal, pero es preferible tener los elementos de prueba para demostrar que tienen una participación criminal, porque eso demuestra que la disposición de nuestras instituciones es no tolerar ese tipo de hechos”, dijo Cotto.