Por casi 13 años, la natación ha funcionado con un sistema mixto. Por un lado, están las instalaciones que maneja la federación, y por otro, el que controlan los clubes privados. Estos últimos han generado atletas a la primera en más de una ocasión, y también se han lucrado del ejercicio, al cobrar, naturalmente, por los servicios que prestan.
El tema pasa porque para el servicio que prestan utilizan los espacios que todos los salvadoreños han contribuido a construir con impuestos, llámese El Polvorín e instalaciones del “Mágico” González.
El 25 de mayo pasado, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jorge Quezada, notificó a los clubes que operan en el estadio que a partir del 1 de junio ya no podrían seguir ahí, a raíz de la implementación del nuevo programa.
Ante esto, algunos clubes se pronunciaron ante el INDES y también con los medios de comunciación. A este llegó una carta firmada por el director del Club Deportivo Pez Sierra, Marvin René Sierra, y del director del Club de Natación Blue Fish, Milton Torres.
En la misiva, argumenta que el desalojo ha sido “arbitrario, inconsulto y parcial de la instalación”. Y acusan que los cambios que ha prometido el INDES, lejos de ser para mejorar, ni siquiera se sabe el proceso de contratación para quienes manejan el nuevo sistema. “Estas personas…
Rolando Ortega y Walter García, de quienes se desconoce la forma en que fueron contratados por INDES al carecer de dicha información el portal de acceso a la información pública desde su sitio web…”.
Afirman los firmantes y directores de los clubes mencionados que buscaron acercamiento con INDES, que le plantearon el trabajo de formación de atletas para la federación, así como estar al día con los pagos, y que el “deterioro de la instalación y descuido del mismo es producto del abandono que INDES tiene para con el lugar, motivo por el cual los clubes han invertido tiempo y recursos tanto monetarios como humanos para contrarrestar la situación de limpieza y seguridad en algunas zonas de las piscinas”.
Así mismo, acusan a INDES de cobrar 25 dólares por las clases y de dar un recibo simple, que no contiene los requisitos del Código de Comercio.
Paralelamente, señalan que el supuesto programa sería gratuito pero que Rolando Ortega lo ha retirado, por lo que los directores Sierra y Torres pidieron a los medios que se investigara.
La versión de INDES
El primer punto que resaltó Quezada fue: “Como INDES, tenemos toda la potestad de administrar” las instalaciones, ya que son del Estado.
El segundo punto de su argumentación pasa por el tema financiero, ya que, según detalló, pretenden tener un programa autosostenible en la que habrá clases cobradas, pero bajo administración de INDES, y clases gratuitas (esto será ampliado más abajo).
Según los datos que maneja la institución, al año erogan cerca de 328 mil dólares en mantenimiento de las instalaciones, tratamiento del agua, etc., mientras que perciben “cerca de 5 mil dólares mensuales de los clubes”, es decir, unos 60 mil dólares.
“Nos dimos cuenta de eso y por eso hicimos un estudio. Si las aguas no se les ha dado tratamiento porque no hay recursos, la culpa siempre se la echan al INDES, sobre todo en radios y en redes se ha escuchado eso. Pero no dicen que los clubes no todos han pagado. Arrastran una ora increíble”, argumentó Quezada.
Según sus datos, esta llega casi a 27 mil dólares. “La anterior administración, en 2013, les dio un plan de pago que no se ha cumplido.
Nosotros no podemos trabajar con números rojos. Nuestro principal interés es que los impuestos del pueblo se inviertan bien. No podemos estar invirtiendo los impuestos solo para que un grupo de personas ganen. Ahí hay un relajo tremendo. Hay dos clubes que están al día. Pero hay otros que ni sabemos quiénes son y no le pagan al INDES. VIejo truco que tienen que le pagan con un club pero tienen otro que es fantasma, y ahí se inscriben otras personas, y ese dinero no lo pagan”, señaló.
Las razones de Quezada continúan y sostiene que no todos los clubes cuentan con personal pedagógicamente capacitado para dar clases, y que, en muchas ocasiones, se han encontrado con que atletas de otras federaciones han querido hacer uso de las instalaciones, como por ejemplo, los de triatlón, pero no les ha sido posible.
Para esta semana, diferentes versiones señalan que los clubes buscarían llevar el tema a la Asamblea Legislativa.