Por segunda ocasión en el presente año, Juan Carlos Ramírez fue electo como presidente de la Federación de Atletismo. Al igual que la primera ocasión, esta elección tampoco está libre de cuestionamientos, esta vez por parte del Comité Olímpico, cuyo presidente, Eduardo Palomo, se niega a reconocerlos oficialmente, por considerar que se ha realizado bajo una clara intervención del gobierno.
Ramírez, quien en la década del 90 practicó el atletismo, llega a la presidencia del mismo, tras superar una serie de cuestionamientos por parte de un sector de asambleístas, que forzaron a desconocer su primera elección realizada el 5 de enero del presente año.
En esta ocasión también fueron electos los señores Leopoldo Monterrosa, como vicepresidente; Raúl Leiva Navidad, como secretario; Salvador Escobar, como tesorero; y para el cargo de síndico, Elsa de Carrero.
Tras unos días de funcionamiento, y cuando el presidente Ramírez comenzó a tomar decisiones, como el despido en su momento del gerente técnico, Mauricio Argumedo, lo cual fue interpretado por el resto de directivos como una falta de respeto porque no les consultó esta decisión.
Esta y otras decisiones de Ramírez, con el paso de los días, hizo que la relación entre el presidente y el resto de directivos se tornase más tensa y turbulenta.
A tal punto que estas diferencias llegaron a ventilarse públicamente en los medios de comunicación y por ende nunca funcionaron como ente colectivo.
Intervención de Indes
Las relaciones entre el presidente y el resto de federativos se volvieron tan complicadas, que estos últimos comenzaron a señalar de forma pública que el proceso de elección realizado el 5 de enero estuvo viciado y que no siguió el debido proceso que la Ley General de los Deportes manda, así como también dijeron que se habían violado los estatutos de la Federación.
Cuando ya la situación se tornó insostenible, ambas partes solicitaron al Comité Directivo de Indes que realizara una investigación de cómo se había llevado a cabo el proceso de elección.
Fue así como Indes, finalmente, nombró una Comisión Normalizadora, cuyos objetivos prioritarios, según lo manifestó su gerente general, Luis Pérez Guerrero, eran revisar los estatutos de la federación, corregir sus vacíos legales , en síntesis, ordenar la parte administrativa para luego proceder a realizar una nueva elección.
Sin embargo, esa nueva elección siguió adoleciendo del aval del Coes, por considerar que la intervención gubernamental transgrede la Carta Olímpica. El problema está lejos de solucionarse.