Pese a que los ingresos tributarios se incrementaron y el déficit fiscal bajó, en los últimos dos años y medio la crisis de efectivo de las finanzas públicas salvadoreñas se agravó al punto de tener atrasos en pagos, contraer más deuda, caer en peligro de “default” (impago) e incluso, provocar bajas en las calificaciones de riesgo de país.
A medio mandato del presidente Salvador Sánchez Cerén, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señaló que las finanzas públicas se encuentran en un momento delicado por los recurrentes presupuestos irreales, que sobreestiman ingresos y subestiman gastos, así como por utilizar sistemáticamente la deuda de corto plazo para financiar el gasto corriente.
En los últimos dos años, la deuda pública total creció en $1,602.7 millones (9.2%), considerando que en diciembre 2014 era de $15,691.2 millones y, a septiembre de este año, la cifra se estima en $17,296.9 millones. Solo el saldo en Letras del Tesoro (Letes) pasó de ser $328.4 millones en diciembre 2014 a $1,040.8 millones al noveno mes de 2016.
En los últimos cinco años, la deuda pública total del país aumentó 21.9 %, equivalente a $3,635 millones.
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Al problema de alto endeudamiento, se sumó la crisis de liquidez que experimentó el país en el último semestre y que provocó que las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s bajaran la calificación de riesgo del país a “B” y “B3”, respectivamente; indicando que las emisiones salvadoreñas de bonos o certificados se consideran especulativas o de riesgo.
Las tres últimas degradaciones incidieron en las tasas de interés de los Letes, que pasaron de 3% a 6.5% entre septiembre 2015 y 2016. Cabe mencionar que según estimaciones de Fusades, si se mantienen el ritmo, las erogaciones por intereses serán de alrededor de $732 millones en 2016, superando la inversión en infraestructura o salud; y el gasto en remuneraciones podría subir hasta 10.2 % del PIB en 2020.
Irónicamente, en una crisis de liquidez, los ingresos del sector público no financiero mostraron un incremento y los ingresos corrientes hasta septiembre ya sumaban $3,204.8 millones.
Se estima que al noveno mes de 2016, la recaudación tributaria neta aumentó en 6.2% ($186 millones), comparado a la tasa de 3.9 % que reportó en el mismo periodo de 2015; sin embargo, este cambio se debe a la introducción de nuevos impuestos, mayor recuperación de renta y una caída “artificial” en las devoluciones de IVA.
Además, si bien el déficit fiscal del país se contrajo en 38 % ( unos $191 millones menos), este ajuste o menor gasto se debió a que se atrasó el pago a proveedores, subsidio al gas y electricidad, las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), bonos para policías y las transferencias de recurso a las municipalidades (FODES), entre otros.
No obstante, la crisis de los últimos meses también obligaron al país a dar pasos importantes. Entre ellos, concretar el Acuerdo Marco de Sostenibilidad Fiscal, Desarrollo y Fortalecimiento de la Liquidez del Gobierno de El Salvador, firmado entre el Ejecutivo y el principal partido de oposición, Arena.
El acuerdo incluyó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que entre otras cosas busca frenar el endeudamiento excesivo, reducir en 3% el déficit fiscal con relación PIB en un periodo de tres años y mantener lo como meta de largo plazo.
En el marco del pacto fiscal, también se aprobó una primera emisión de $550 millones en bonos (de $1,200 millones solicitados inicialmente) que según el gobierno servirían para pagar deuda de corto plazo, Fodes, remuneraciones, pago pendiente a proveedores y subsidio a energía eléctrica, entre otras cosas. Sin embargo, a la fecha, los títulos valores no han sido llevados al mercado internacional y las finanzas públicas aún están en aprietos para terminar el año.
