Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron que hay al menos 60 casos más de posibles incrementos injustificados al patrimonio de funcionarios y exfuncionarios en estudio de la Sección de Probidad.
Los magistrados Rodolfo González y Sidney Blanco dijeron que algunos casos podrían salir a la luz antes de que finalice el año, pero no adelantaron quiénes son los que están siendo investigados.
“La lista que se terminó de completar atendiendo los tres criterios: el cronológico, los casos que están por vencerse por 10 años; la notoriedad, las investigaciones periodísticas que evidencian posibles casos de enriquecimiento, y la relevancia de la función. Estamos hablando de altos cargos que sumaban alrededor de 60 casos”, explicó González.
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El magistrado dijo que esperan acelerar el estudio de la mayoría de casos para que salgan lo antes posible.
“Con el esfuerzo de auditores en la sección de Probidad esperamos ir a un ritmo mucho mayor en los siguientes meses y seguramente eso nos va a consumir todo el próximo año”, acotó.
En tanto, el magistrado Blanco aseguró que ya están los casos en poder de la comisión que los analiza dentro de la Corte Plena.
El más reciente de los casos, según confirmaron, es el del ex Fiscal General Luis Martínez, a quien le cuestionan el origen de $486 mil en sus declaraciones patrimoniales.
Otros casos que también están en la etapa de juicio civil son el del expresidente Antonio Saca y su ex secretario privado, Élmer Charlaix, así como el del exdiputado Douglas Avilés, el diputado Reynaldo López Cardoza y el exmandatario Mauricio Funes.
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Analizarán sobresueldos
Ambos magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ confirmaron que los sobresueldos, como los que algunos exfuncionarios han confesado haber recibido, serán tomados en cuenta en las indagaciones que haga la Sección de Probidad del Órgano Judicial.
“Hay otros funcionarios que también tienen incremento en las primeras indagaciones y que luego en el informe final que envía el jefe de Probidad a Corte Plena puede establecerse un incremento al patrimonio que podría estar relacionado con sobresueldos que recibieron”, afirmó el magistrado Rodolfo González.
A juicio de González, los sobresueldos son ilegales porque el dinero que reciben los funcionarios como pago ya está determinado en la Ley de Salarios.
“Todo gasto, hasta el último dólar que se paga de fondos públicos, necesita un respaldo legal. Que le quede claro al país que ningún presidente ni secretario privado de la Presidencia tiene facultad legal para estarle regalando a ministros o a funcionarios de otras instituciones dinero que no tenga respaldo en la ley de salarios”, señaló González.
De la misma manera se pronunció el magistrado Sidney Blanco: “Ningún funcionario, por muy Presidente de la República, puede disponer discrecionalmente en regalías o en dinero si no están previstos en la ley. El aparecimiento de dinero adicionales a los sueldos son contrarios a la ley”, dijo.
Señaló que las investigaciones deben extenderse a los funcionarios que autorizaron la erogación de fondos públicos “al margen de la ley”.
González dijo que, como Corte, están haciendo lo suyo en materia de probidad, por lo que también esperan el acompañamiento de la Corte de Cuentas para poder determinar más casos de posibles enriquecimientos ilícitos.
