LA PAZ. Las autoridades de la Fuerza Aérea Boliviana informaron que la aeronave de LAMIA que se estrelló en Medellín fue inspeccionada por única y última vez en 2014, cuando llegó al país, y desde entonces no pasó por nuevos ajustes técnicos oficiales antes de la tragedia en la que 71 personas perdieron la vida.
Según explicó el comandante general de la Fuerza Aérea, Celier Aparicio Arispe, el avión fue revisado cuando fue trasladado a Bolivia para iniciar operaciones. “Ese año se realizó la inspección requerida con manuales aprobados y certificados del fabricante. La Dirección General de Aeronáutica Civil le dio el permiso de operatividad”, explicó, en declaraciones publicadas por El Deber.
Sin embargo, el Avro RJ85 no volvió a pasar por los talleres de la Fuerza Aérea. Si bien Aparicio no descartó que LAMIA haya realizado una inspección en otro taller, la empresa no informó de algún trámite al respecto. Así, la FAB desconoce si la firma realizó en los últimos dos años algún tipo de mantenimiento al avión que terminó accidentado.
A su vez, el comandante también reportó que LAMIA mantiene dos aviones en sus hangares, que fueron presentados para revisión y así poder entrar en funcionamiento. La FAB inspeccionó uno de ellos y reportó la falta de un repuesto, pero la empresa no pagó los costos del servicio.
“Tienen cuentas que saldar. En septiembre le pedimos a LAMIA que retiren sus aviones, pero hicieron caso omiso y como consecuencia le iniciamos un juicio para que nos paguen”, detalló Aparicio.
En tanto, el director del área de Mantenimiento de LAMIA a Corporation, Antonio Bedregal, argumentó que las dos aeronaves pertenecen a LAMIA Aruba, una firma que no opera en el país y que no está relacionada a la empresa.
El viernes, el gobierno boliviano anunció la suspensión del permiso de operación para la empresa con efecto “inmediato”. Además, el Ministerio de Obras Públicas decidió apartar a los directivos de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Administración de Aeropuertos “para no contaminar la investigación”.
El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, dijo ayer que el Gobierno encuentra indicios de “posible incumplimiento de deberes” y “posiblemente uso indebido de influencias” en el control a la aerolínea Lamia y el vuelo que se estrelló cerca de Medellín y que causó 71 muertes.
En una entrevista con la televisión estatal, el ministro afirmó que “hemos encontrado indicios de posibles incumplimientos de deberes, incumplimiento de control interno y posiblemente uso indebido de influencias”.
Las sospechas se basan en la relación de parentesco entre un exidrector de la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) y el director general de Lamia, Gustavo Vargas Villegas y Gustavo Vargas Gamboa, hijo y padre.
Vargas Villegas, retirado de su cargo, ejercía como director del registro aeronáutico nacional de la DGAC, y por tanto era responsable de otorgar licencias de vuelo a las empresas.
Claros recordó que el Ministerio de Obras Públicas -que tiene las competencias del transporte aéreo- investiga la regularidad del proceso por el que Lamia obtuvo su licencia de vuelo y también la autorización del plan de vuelo del avión que se estrelló el 28 de noviembre, cerca de Medellín. El accidente causó la muerte de 71 personas entre jugadores, cuerpo técnico y directivos del club de fútbol brasileño Chapecoense, así como varios periodistas y tripulantes del avión, mientras que seis personas sobrevivieron.