El gobierno de Mauricio Funes terminó pagando $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi SpA pese a que dejó inconclusa la construcción de la presa El Chaparral y a que los mismos supervisores de la obra advirtieron numerosas irregularidades.
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De eso hace ya cuatro años, sin que ninguna autoridad muestre los resultados de una investigación profunda frente a excusas oficiales tan insólitas como que “la montaña se movió” o que hubo “imprevistos imprevisibles”.
Documentos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) dan cuenta de que los supervisores de la obra ya había advertido que el terreno era inadecuado desde antes de iniciar la construcción.
Lo anterior fue confirmado por un peritaje geológico, según reveló la Fiscalía.
El 3 de octubre de 2014, el entonces fiscal general, Luis Martínez, declaró que el estudio que hicieron los expertos determinó que el suelo de El Chaparral no era adecuado para construir.
Pero las investigaciones no pasaron de allí porque fueron engavetadas, según reveló el actual titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez, el pasado 19 de abril.
El funcionario afirmó que de inmediato retomaría el caso, pero ocho meses después no se ha dicho nada más.
Un arreglo cuestionado
El multimillonario pago se hizo mediante un arreglo directo solicitado por la CEL a la empresa italiana, pese a que había abandonado los trabajos.
El acuerdo fue firmado el 11 de julio de 2012 por el expresidente de la autónoma, Leopoldo Samour, y el apoderado legal de la constructora, Mario Pieragostini.
El arreglo fue defendido férreamente por el expresidente Funes, quien alegó que de esa manera se evitaba que Astaldi hiciera un reclamo de pago internacional, aunque fue la firma la que dejó los trabajos en ejecución y tenía la obligación de entregar la obra concluida, según el contrato bajo la modalidad “llave en mano”, firmado en 2008.
Los alegatos
La obra tenía un costo original de $219 millones, es decir, que con el pago que se hizo, ya se ha gastado casi la mitad de lo presupuestado.
CEL ha dicho que la obra costará $70 millones más.
Los trabajos se iniciaron en 2008 y debían finalizarse en 2013.
Sin embargo, 20 meses después de la firma del contrato, el 24 de julio de 2010 la constructora pedía cambios al contrato argumentando dos supuestas situaciones ajenas a su control: inundaciones en el cauce del río por las tormentas Ágatha y Álex y un movimiento del margen derecho de la montaña, específicamente en el lugar donde se asentaría el dique de la presa, algo que Astaldi SpA calificó como “imprevisto imprevisible”.
“En las condiciones actuales es inviable continuar con la construcción de la presa con el diseño que se tenía hasta la fecha (???) se deberá realizar un estudio a nivel de factibilidad que permita determinar si la ubicación actual de la presa es aún adecuada para construir una obra técnica y económicamente viable”, se lee en una de las cartas que Astaldi SpA le envió a CEL.
De ese monto, la autónoma dedujo al contratista $85 millones ($79.8 millones ya pagados más $5.2 millones que se debían) y otros $23.5 millones que sí se reconocieron al contratista como un pago para evitar un proceso arbitral.