Tomada por sorpresa por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, la comunidad empresarial de Estados Unidos ha comenzado a presionar al magnate para que abandone sus promesas de deportaciones masivas y otras políticas inmigratorias que los ejecutivos temen puedan perjudicar la economía.
La iniciativa, liderada por un grupo que cuenta con el respaldo del multimillonario neoyorquino Michael Bloomberg y el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch, está dando sus primeros pasos mientras el mundo empresarial intenta entender las verdaderas intenciones de Trump sobre uno de los temas que definieron su incendiaria campaña a la Casa Blanca. Algunos colectivos, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dudan que el republicano vaya a crear realmente un fuerza de deportación, como sugirió antes de su triunfo en las urnas, para expulsar a los aproximadamente 11 millones de migrantes que se estima están en el país sin los permisos necesarios.
Pero otros están formando equipos con funcionarios públicos y líderes de la industria en estados clave para animar a Trump a adoptar una política inmigratoria más benevolente, aunque sea en nombre del desarrollo económico, si no de la compasión humana.
“Esta elección mostró claramente que los estadounidenses están extremadamente frustrados con nuestro sistema inmigratorio roto”, dijo Jeremy Robbins, director ejecutivo de New American Economy, un grupo en cuyo directorio están Bloomberg, Murdoch y líderes de los gigantes Marriott, Disney y Boeing. “Pero sería un error equiparar su deseo de que alguien asegure la frontera con el apoyo a la deportación masiva u otras políticas de línea dura que podrían devastar la economía y socavar los valores estadounidenses”.
En los últimos días, la organización de Robbins presentó coaliciones de líderes empresariales y funcionarios públicos que se oponen a la represión de la inmigración — muchos de ellos partidarios de Trump — en Utah, California, South Carolina, Florida y Colorado y formarán más en Arizona, Idaho, North Carolina, Pennsylvania y Texas. Con el respaldo económico de sus directivos, el grupo trabaja para crear una estructura permanente que presione al nuevo gobierno y a los miembros del Congreso en asuntos clave antes incluso de que comience oficialmente el debate en el Capitolio.
Trump sostuvo que la inmigración ilegal constituía un peligro durante su campaña, compartiendo en varias ocasiones escenario con padres de niños asesinados por migrantes que estaban en el país sin los permisos pertinentes. Además prometió construir un gran muro a lo largo de la mayoría de los 3.180 kilómetros (2.100 millas) de frontera con México. Y antes de eso, se comprometió a crear una “fuerza de deportación” para expulsar a más de 11 millones de personas en situación irregular en el país, aunque a medida que se acercaba el día de las elecciones, dejó abierta una puerta a una vía para legalizar la situación de algunos de los que entraron al país de forma irregular.
El equipo de transición del empresario de bienes raíces declinó responder preguntas sobre sus planes para la inmigración ilegal esta semana.
En una entrevista con la revista Time publicada esta semana, Trump dejó caer que podría adoptar un enfoque más suave diciendo que iba a “buscar una solución” para ayudar a los inmigrantes que entraron a Estados Unidos sin permisos siendo niños y que consiguieron permisos de trabajo durante el gobierno de Barack Obama. Sobre las deportaciones, Trump dijo al programa “60 Minutes” poco antes de la elección que daría prioridad a la expulsión de entre dos y tres millones de “personas que son delincuentes y tienen antecedentes penales… miembros de pandillas, narcotraficantes”. Un plan de este tipo se asemejaría mucho a la actual política de Washington.
La victoria de Trump pilló desprevenida a la comunidad empresarial.
Los líderes empresariales habían pasado mucho más tiempo coordinando políticas inmigratorias con la candidata demócrata Hillary Clinton antes de la votación. Casi nadie había tenido contactos regulares con el equipo de transición de Trump a pesar de que la política inmigratoria había sido uno de los pilares de su campaña.
“Va a tomar cierto tiempo”, expresó Daniel Garza, director ejecutivo de la LIBRE Initiative, que apoya la idea de despejar el camino de los inmigrantes irregulares hacia la ciudadanía y se opone a las deportaciones masivas. “Mientras tanto, vamos a tener que asegurarnos de que nos escuchan”.
Trump enfrenta presiones políticas de ambos bandos. Sus partidarios más apasionados difícilmente acepten un gobierno que adopte las políticas tolerantes que postulan los empresarios.
“Perdería credibilidad”, opinó Dan Stein, presidente de la Federation for American Immigration Reform (Federación para una Reforma a las Leyes de Inmigración), que postula políticas inmigratorias rígidas.
Alentado por el hecho de que Trump incorporó a Jeff Sessions, un senador de línea dura en el tema de la inmigración ilegal, Stein dijo que el presidente electo debería impulsar deportaciones masivas para proteger a los trabajadores estadounidenses.
“Con Donald Trump, esta coalición empresarial de izquierda y derecha no va a funcionar”, afirmó.
Grupos empresariales, no obstante, señalan que varios expertos pronostican consecuencias negativas para la economía si Trump deporta grandes cantidades de inmigrantes irregulares. Un estudio difundido en febrero por la American Action Network, de derecha, concluyó que ello reduciría “el PBI un billón de dólares” y le costaría a los contribuyentes más de 400.000 millones de dólares.
Esta postura parece tener el apoyo de la opinión pública.
Si bien el Pew Research Center indicó a mediados de año que ocho de cada diez personas que votaron por Trump quieren un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, una encuesta de octubre señaló que el 60% de los partidarios del magnate opinaron asimismo que se debería permitir que las personas que ya están en el país se queden si satisfacen una serie de requisitos. Solo un tercio de los partidarios de Trump dijeron que habría que deportar a todos los inmigrantes irregulares.