El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, reveló este viernes que en los últimos cinco días renunciaron a la institución cinco fiscales auxiliares, debido a las investigaciones internas que se están realizando como parte de un proceso de depuración.
Otros 25 fiscales han sido sancionados (hasta con un mes de suspensión sin goce de sueldo) y otros fueron separados de la unidades en las que estaban destacados.
Meléndez no dijo los nombres de quienes dimitieron. Los castigos contra los otros empleados fueron por actuar con desidia o de forma ilícita.
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En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Meléndez aseguró que cuando asumió las riendas del Ministerio Público, en enero pasado, halló una institución con muchas “injerencias externas” y esto impedía que los empleados cumplieran con sus atribuciones.
“Encontré una institución con injerencias externas; con funcionarios que se habían estado prestando o habían recibido líneas desde arriba para favorecer al crimen organizado, a estructuras corruptas externas”, dijo Meléndez.
Él sucedió en el cargo a Luis Martínez, quien es procesado por diversos delitos, entre ellos el de fraude procesal y por enriquecimiento ilícito.
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El funcionario no descartó que el fenómeno aún esté ocurriendo, pero matizó que se están realizando esfuerzos para combatir el problema.
El 22 de agosto pasado, en un hecho sin precedentes en la Fiscalía, Martínez fue capturado junto al director de Intereses de la Sociedad de la institución, Julio Arriaza.
Martínez -quien tenía ocho meses de haber terminado su gestión- fue acusado de omisión de investigación y fraude procesal porque se habría valido del cargo para favorecer al empresario Enrique Rais en diferentes procesos judiciales en su contra.
Por el caso, Arriaza (considerado el hombre de confianza del exfiscal general) fue arrestado por fraude procesal, por actuar con dolo para que las autoridades cayeran en error.
A finales de agosto, el Juzgado Séptimo de Paz dejó en libertad condicional a Arriaza y le ordenó pagar una fianza de $5 mil. Ahora continúa trabajando en el Ministerio Público, pero le quitaron funciones y fue trasladado a la oficina fiscal de Soyapango.
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Mientras que Martínez es procesado en libertad condicional porque, en otro proceso judicial, fue acusado de divulgar llamadas privadas entre el sacerdote Antonio Rodríguez y pandilleros.
Contra la corrupción
La Fiscalía lanzó el viernes la campaña “Súmate contra la Corrupción”, cuyo eslogan es “La casa de los corruptos es la cárcel”. La iniciativa, patrocinada por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), busca informar a la ciudadanía cómo identificar un hecho de corrupción y cómo ayudar a las autoridades a combatirlo.
El Fiscal dijo que hay avances en la lucha contra la corrupción pero denunció que hay acciones paralelas de grupos, a los que no mencionó, que quieren evitar el ataque al problema.
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