La entrega del subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en El Salvador no ha sido eficiente con las medidas de focalización implementadas a partir de 2010, y no ha suplido las necesidades de los salvadoreños vulnerables, según revela un estudio de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM).
El docente e investigador de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la USAM, César Castaneda, explicó que los remanentes injustificados de fondos no ejecutados cada año, los cobros indebidos por vendedores o auxiliares de despacho de cilindros de gas, y la poca ampliación de personas beneficiadas son algunas de las anomalías que fueron identificadas durante la investigación.
De acuerdo con el estudio, “si bien la focalización implicó un ahorro considerable en el pago de subsidios, a su vez surgieron y persisten problemas relacionados con la entrega directa, dificultades en localización de beneficiarios y control del destino de productos”.
Castaneda señaló que, lógicamente, la racionalización del beneficio implicó costos tanto en pago de subsidios, instalación y funcionamiento de las Centros de Atención por Demanda (Cenade), pagos de comisiones bancarias y adquisición de bienes para el servicio de telefonía Telegas; que significaron que el presupuesto pasara de $101.4 millones en 2010 a $130 millones en 2011.
La cifra presupuestada se mantuvo cada año hasta 2014, cuando se logró implementar el mecanismo de Tarjeta Solidaria, un documento que, habiéndose registrado previamente, permite al beneficiario descontársele el monto subsidiado cada vez que compre gas. Así, el presupuesto volvió a los $101.4 millones.
La investigación señaló que desde el periodo de inicio del sistema racionalizado, se perciben variaciones entre la disponibilidad de dinero y los pagos efectuados.
Los llamados remanentes, a excepción de 2012, sumaron más de $3.8 millones entre 2010 y 2014.
Castaneda insistió en que “la existencia de remanentes es un ahorro en apariencia, porque aunque fue presupuestado, es dinero que no se entregó a los beneficiarios y no existe certeza de que tales recursos ingresaran al Fondo General de la Nación”.
El representante académico también criticó que en el último quinquenio, el número de beneficiados no haya incrementado en las zonas consideradas de mayor necesidad, no aumentara el monto subsidiado y que en el país no se cuente con un programa de asistencia a largo plazo.
Reestructuración en los Centros de atención
Por su parte, el Ministerio de Economía (Minec) aseguró que ha comenzado un proyecto de reestructuración de los Cenade por una significativa reducción en la carga de trabajo y de la operatividad en el campo, como empadronamiento.
La cartera de Estado anunció recién que suprimió 60 plazas, de las cuales solo 48 habían sido llenadas.
El titular del Ministerio de Economía, Tharsis López, señaló que la reducción va “en línea con las medidas de austeridad y los ajustes presupuestarios solicitados por el Gobierno Central”.
López aseguró que con la reestructuración de los Cenade, el Ministerio tendría ahorros de al menos $600 mil anuales, incluyendo salarios, viáticos y transporte.