El recorte de 500 mil dólares que el Ministerio de Hacienda le hará en 2017 al presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR) agudizará la crisis financiera con la que “históricamente” ha debido lidiar la institución, dirigida por Sonia Cortez de Madriz.
Los 24.9 millones de dólares que recibirá la entidad encargada de dar asistencia legal y psicosocial a la población (sobre todo a la de escasos recursos económicos) solo le permitirá operar seis meses, según Claribel Salinas, coordinadora general administrativa de la PGR.
“Si nos dan el presupuesto recortado llegamos hasta junio, así de simple”, declaró Salinas.
Esta denuncia se suma a la que el lunes pasado hizo el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, quien aseguró que el presupuesto que recibirá la entidad solo alcanzará para cinco meses.
Esto, según el funcionario, perjudicaría importantes investigaciones relacionadas a la corrupción y al crimen organizado.
Deuda con proveedores desde septiembre
La delegada de la PGR explicó que en 2016 la institución recibió 25.4 millones de dólares, un monto menor al que le habían solicitado a Hacienda para operar, por lo que este fue insuficiente.
Aunque se promovió una política interna de ahorro, se automatizaron servicios y algunos empleados hicieron uso de recursos propios para realizar su trabajo esto no permitió alargar el presupuesto hasta llegar a fin de año.
El dinero se acabó en septiembre y desde entonces han acumulado una deuda de 669,923.03 dólares con 55 proveedores de servicios básicos (energía eléctrica, telefonía, agua potable, etc.); de vigilancia, de mantenimiento de equipo de oficina, de la flota de vehículos, entre otros.
Noé Chavarría, empleado de la Unidad Financiera de la PGR, señaló que, debido a la insolvencia económica que tiene la entidad, hay algunos acreedores que ya les informaron que no volverán a darles crédito.
Otros han amenazado con suspenderle los servicios que les brindan. En los próximos días algunas de las 17 sedes de la PGR que hay en el país podrían quedarse sin estos suministros.
“El Estado establece 60 días de crédito, pero a los proveedores les estamos pagando a los tres o cuatro meses por la cuestión de la liquidez de la caja de la tesorería”, relató Chavarría.
Además de recibir presupuestos desfinanciados, la Procuraduría General se ha visto afectada en los últimos años porque en El Salvador se han creado varias leyes, en las que la institución debe tener participación, pero para darles cumplimiento las autoridades no han contemplado hacerles un refuerzo presupuestario.
Por ejemplo, la Ley de protección a la niñez y adolescencia, la Ley de erradicación de la violencia contra la mujer y la ley integral para una vida libre de violencia obligaron a la PGR a crear una unidad especializada de atención para la mujeres y eso les ha demandado más recursos.
Además, brinda servicios en defensa de la niñez, familia y los trabajadores. También ejerce la defensoría pública; hace labores de prevención y de mediación para resolver conflictos.
Según Salinas, de continuar con los problemas en las finanzas, la institución, que cuenta con 1, 408 empleados, podría implementar el congelamiento de plazas y retrasar nuevos nombramientos para sustituir a los trabajadores que renuncien, mueran o se jubilen.