El gobierno ya hizo su balance de seguridad para este año y, como afirmé en mi columna de la semana pasada, fue de mal gusto. El tono triunfalista del discurso oficial insultó la inteligencia de los salvadoreños al tratar de pintar una realidad ficticia. Además, fue una falta de respeto a la memoria de las decenas de policías asesinados por las pandillas durante 2016. Lamentablemente, también dejó en evidencia la motivación política detrás de los números alegres presentados ante la prensa y su objetivo oculto de reparar el daño ocasionado por los señalamientos públicos sobre corrupción en el aparato estatal.
Hasta ahora, el Fiscal General no ha dado un balance de fin de año. Esta es una decisión prudente y responsable de su parte, considerando la precaria situación que enfrentan los ciudadanos diariamente. Además, es innecesario que Douglas Meléndez se pare ante la prensa para intentar de vender su trabajo a la ciudadanía vanagloriándose, como lo hicieron el ministro de Justicia y Seguridad Pública y el director de la Policía. El trabajo arduo y de impacto no necesita mercadearse como si fuese algún medicamento novedoso para el que se trata de acaparar consumidores, enumerando sus supuestos beneficios. A diferencia del Ministerio de Justicia, el trabajo realizado por el Fiscal General habla por sí solo. Basta con hacer un simple experimento y preguntarle a cualquiera su opinión sobre el fiscal y, después, su opinión sobre el ministro Mauricio Ramírez o el director Howard Cotto, para detectar la abismal diferencia que existe entre el desempeño de estos funcionarios. Las percepciones en relación al trabajo de Meléndez y los demás son totalmente opuestas.
A diferencia de la Policía y el Ministerio de Justicia, la Fiscalía ha despertado expectativas positivas para el siguiente año. Durante 2017, la mayoría de salvadoreños esperamos que la investigación y persecución de varios casos trascendentales sirvan como el primer peldaño para la desarticulación total de las redes de corrupción y clientelismo, enquistadas en el Estado. Evidentemente, el giro en el abordaje de este tipo de casos ha ocasionado reacciones adversas de parte del oficialismo. Las actitudes adoptadas por altos funcionarios gubernamentales y dirigentes partidarios ante el caso de Mauricio Funes, por ejemplo, dejan claro que el Gobierno y el partido en el poder no acompañarán y tratarán de bloquear las investigaciones en contra de la corrupción, a menos que sean en contra de adversarios políticos.
Solo falta un año para las siguientes elecciones y, según han revelado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, durante 2017 saldrán a la luz pública varios casos de presunta corrupción. Atacar los casos de corrupción que se conocen hasta este día y los que puedan trascender en el próximo año, será impopular y, de decidir continuar como hasta ahora, el partido oficial estará arriesgando las elecciones de 2018.
Independientemente de esto, sin embargo, el FMLN la tiene cuesta arriba para los siguientes comicios. Enfrenta crisis graves en diferentes áreas, imposible de solucionar o mejorar de manera sensible en un año. Además, el gobierno ha dado señales que indican que su actual rumbo es inamovible.
Después del primer año de gobierno de Sánchez Cerén, escribí en este mismo espacio que si su partido quería ganar las siguientes elecciones tendría que cambiar su abordaje de problemas nacionales críticos. Advertí, también, que si su intención no era ganar bajo condiciones normales, por méritos derivados de resultados positivos de políticas públicas, buscarían lograr el control total del Estado para asegurar su triunfo electoral. Considerando la situación actual y el escenario que se avecina para 2017, esta posibilidad cobra aún más fuerza y el blanco más obvio es la Fiscalía. Es probable que los intentos por neutralizar a Meléndez se arrecien, por lo que es importante apoyarlo.
*Criminólogo
@cponce_sv