La Asamblea Legislativa le autorizó al Gobierno repartir $14.4 millones a 121 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), entre 2015 y 2016.
Entre las que más dinero han recibido en concepto de ayuda por parte del Ejecutivo se encuentran iglesias y organizaciones de desarrollo local o comunal, según se desprende de la lista que los abogados Eduardo Escobar y Roberto Rivera Ocampo, de la organización civil Acción Ciudadana (AC), presentaron ante la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La entidad pide a la Contraloría que investigue a los diputados y al Ministerio de Hacienda por modificar los presupuestos 2015 y 2016 con la finalidad de hacer esas erogaciones “sin ningún control”, según los denunciantes.
Fueron 47 fundaciones las que se beneficiaron en 2015, mientras que en 2016 fueron 74, de acuerdo al listado que entregó AC, la cual obtuvo esos datos de los respectivos dictámenes que elaboró la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Congreso. En total, se destinaron $14.437,691 en ambos años.
“Existen evidencias que el reparto de esos fondos públicos se hicieron atendiendo únicamente la afinidad política del receptor” con el gobierno del FMLN, aseguran los abogados de AC en el escrito.
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Se intentó contactar a los dirigentes de algunas ONGs que aparecen en el listado que presentó AC a la Corte de Cuentas, pero no respondieron en los números de teléfonos que aparecen en los portales. Solo en las oficinas de Funsalprodese contestaron, pero Patricia Juárez, quien dijo ser la responsable de esa fundación, pidió que se hiciera la solicitud por correo electrónico, lo cual se hizo, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
A Funsalprodese (Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico) se le asignó $37,500 el año pasado y $110,000 en 2016.
“Su finalidad está orientada hacia el Desarrollo Local, promoviendo la concertación social como un principio básico para la construcción del sistema social democrático, justo y participativo y con dicho propósito, se vincula a las organizaciones del movimiento social, tanto como a ONGs nacionales e internacionales”, dice la página web de Funsalprodese.
Pero entre las organizaciones que más dinero del Estado han recibido está la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, Procomes, la cual recibió del gobierno y con el aval de la Asamblea $800 mil en 2015 y en 2016 se le asignó $400,000.
Se marcó al número telefónico que aparece en la página web de la fundación para hablar con los responsables, pero solo se escucha una grabación de que el número está suspendido temporalmente.
“Procomes es una institución cuyo objetivo fundamental es transformar las realidades, políticas, económicas, sociales y ambientales, de las comunidades en los territorios que trabaja y que se encuentran en situación de pobreza”, dice la asociación en su página web.
En 2015 el gobierno del FMLN destinó $430,000 para la Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas y para este año le otorgó $250,000, de acuerdo a Acción Ciudadana.
También se llamó al número telefónico que aparece en el sitio web de esta organización, pero dice que está equivocado, por lo que no fue posible obtener su versión sobre estas erogaciones que recibe.
La Fundación Padre Arrupe también fue una de las beneficiarias con un desembolso de $340,850 y en 2016 recibió $342,850.
Además, en 2015 el gobierno destinó $400,000 a la Asociación Cadena Cristiana de Difusión Club 700, más otros $436,000 en 2016.
La Fundación para el Desarrollo Integral de la Familia recibió $425,000, de acuerdo a la denuncia de AC.
Los abogados Eduardo Escobar y Roberto Rivera aseguraron ayer a este periódico que la Corte de Cuentas ya les había aceptado la denuncia, por lo que procederá a realizar las indagaciones del caso.
“Los servidores públicos que denunciamos son los diputados propietarios de la Asamblea Legislativa periodo legislativo 2015-2018 que aprobaron el Presupuesto General de la Nación 2015 y 2016, los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que dictaminaron favorable dichos presupuestos y el Ministerio de Hacienda”, plantearon en el escrito presentado a la Contraloría.
Aportes menores
Otras organizaciones, entre ellas, movimientos feministas también han recibido algún tipo de apoyo económico de parte del gobierno del FMLN.
Por ejemplo, la Asociación de Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes fue beneficiada con $50,000, mientras que la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida de El Salvador (Dignas) recibió $15 mil en este año.
Al Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes el gobierno le otorgó $100,000 y a la Fundación del Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos se le asignó $50,000, entre otras fundaciones.
Diputados lo justifican
Los directivos y diputados de la Asamblea Legislativa, Jackeline Rivera, del FMLN, y Francis Zablah, de GANA, justificaron ayer las erogaciones a estas entidades no gubernamentales.
“Esas erogaciones no solo han sido hechas en 2015 y 2016; me extraña que solo pidan 2015 y 2016, porque esas erogaciones se han hecho en la Asamblea siempre, y siempre ha habido una asignación presupuestaria a ONGs o fundaciones que hacen una labor social”, argumentó la diputada del FMLN.
El legislador de GANA aclaró que no pertenece a la Comisión de Hacienda, que es la denunciada, pero consideró que no hay nada de malo en ello.
“Eso siempre ha sido así, no creo que sea algo nuevo, ni creo que sea algo malo si los fondos son bien utilizados”, manifestó Zablah.
La diputada Rivera dijo que no le preocupa la denuncia de Acción Ciudadana.
“La Corte de Cuentas está facultada para auditar a toda institución que administra fondos públicos”, externó la efemelenista.
Lo anterior lo dijo en referencia a que los diputados de la Comisión de Hacienda y el ministro de Hacienda son los denunciados ante la Contraloría.
Gobierno cortó ayuda a hogares y asilos en 2009
Mientras en 2015 y 2016 unas 121 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han recibido el apoyo económico del gobierno, con la llegada de Mauricio Funes a la presidencia a unas 40 fundaciones caritativas les fue retirada la ayuda que el gobierno les daba, a través de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).
El Hogar de Niños San Vicente de Paul, en Usulután; el Asilo Hermano Pedro de Betancourt, en La Libertad; el Hogar de Niños de Salem, en Santa Ana; el Centro Infantil de Protección Inmediata, en San Salvador; el Hogar de Parálisis Cerebral, también en San Salvador; y el Asilo San Antonio, Casa de la Misericordia, en San Miguel, fueron solo algunas de las 40 entidades altruistas a las que cortaron la ayuda en 2009.
Ese año las ventas de los vigésimos se vino abajo significativamente, lo que pudo haber provocado el corte de los donativos.
La decisión de “congelar” la colaboración a estos asilos y hogares de caridad fue tomada a pocos días de asumir el cargo el entonces presidente de la LNB, Juan Pablo Durán, quien ordenó a través de la Junta Directiva el replanteamiento del Programa de Responsabilidad Social Institucional (PRSI), que tenía a cargo las donaciones.
Durán aseguró que el recorte de la ayuda era momentánea y que luego se retomaría.?