El ajuste al salario mínimo determinado en rangos de entre $200 y $300, recién aprobado esta semana, parece no tener revocatoria, lo que significaría despidos masivos y cierre de empresas, aseguran representantes del sector privado.
El acuerdo del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) con representantes del gobierno y del sector trabajador, y en ausencia del sector empresarial, se aprobó a 15 días de que finalice el año, y entraría en vigencia el 1 de enero de 2017, lo que implica que las empresas deben reestructurar sus planillas, y en algunos casos, tomar decisiones de despedir un buen número de trabajadores.
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Al parecer, el sector privado está analizando a profundidad qué medidas legales puede tomar para anular este ajuste o al menos suspenderlo, basándose en principio en la “ilegalidad del nuevo consejo”, como lo ha señalado.
Según explicó el especialista en derecho Francisco Bertrand Galindo, el camino más viable para amortiguar el impacto sería que los privados presenten un recursos de ilegalidad ante la Sala de lo Contencioso de la Cortes Suprema de Justicia, y que esta suspenda el incremento.
“Lo más favorable en términos de revertir esa decisión es que haya un amparo y una suspensión del acto reclamado, o un proceso de ilegalidad iniciado en la Sala de lo Contencioso, y que la Sala ordene suspender este efecto”, explicó el abogado constitucionalista.
Sin embargo, Bertrand Galindo indicó que si acaso el Consejo fuese declarado ilegal -por no haber contado con representantes de los empresarios- esto no significaría que el ajuste también lo sea, ya que los representantes actuaron en “apariencia de legalidad” y no había ningún recurso legal que cuestionara esa legalidad antes de la decisión y aprobación del incremento.
“Si no hay recursos legales y si estas personas han actuado en base a una apariencia de buen derecho, son funcionarios con sus credenciales y debidamente juramentados, aunque después se declare ilegal su nombramiento, puede ser que uno de los resultados jurídicos sea que finalmente se retire a estos delegados, pero que hagan válidas las decisiones que tomaron mientras fueron funcionarios en el consejo”, explicó el especialista.
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Esto significa que, aunque se declare ilegal al Consejo debido a las irregularidades en el proceso de elección, como se apegaron a derecho al tomar decisiones como funcionarios -en este caso el aumento al salario mínimo- estas decisiones seguirán siendo válidas o legales.
Preocupación
Varios representantes del sector privado han expresado su preocupación ante este incremento, ya que a estas alturas del cierre del año deben hacer una completa reestructuración en su planilla laboral.
“El impacto es tan fuerte como continuar o no, entendemos que a cualquier persona que le digan que le subirán el salario es atractivo, pero nosotros como productores de caña trabajamos con préstamos de la banca y los montos son bien justos, y aunque nosotros quisiéramos no podemos aceptar ese incremento para nuestro sector”, explicó Oscar Orellana, presidente de la Asociación de los Productores de Caña de Azúcar, Procaña.
Según dijo el productor cañero, el sector genera 50 mil empleos directos y casi 200 mil indirectos, y con este incremento lo que están provocando es que se pierdan unos 40 mil puestos laborales.
“La presión la sentirá el productor, en lugar de generar un bien le generan un gran problema, pues la persona tiene que llevar alimento a su casa”, dijo Orellana.
Prevén cierres
El impacto negativo no solo lo miden con los posibles despidos, sino que muchos sectores trabajan con créditos bancarios, y con este incremento se ve en riesgo el cumplimiento de las obligaciones con la banca y con los ingenios, además de que los bancos reestructuran las políticas de crédito y posiblemente con intereses más altos, explicó el presidente de Procaña.
Migrar a la informalidad
Guillermo Guidos, presidente de la Unión Mipyme, explica que el mes de diciembre siempre es el más difícil, porque hay prestaciones que pagar y muchas pequeñas y microempresas se ven en necesidad de endeudarse en este mes.
“Algo que quiero que quede claro es que los señores del gobierno quieren hacer ver que nosotros no queríamos aumentar el salario mínimo, y nosotros siempre estuvimos de acuerdo en aumentar el salario mínimo e hicimos propuestas, pero el aumento al salario mínimo no es un tema político, es técnico”, dijo Guidos.
El microempresario dijo que “cada quien verá cómo hace” con este ajuste, y muchos quizá tendrán que entrar al mundo de la informalidad, dijo, y agregó que otro punto es que los que se encuentran en el sector informal con este incremento cada vez están más lejos de volver formales sus negocios.
“Lo que el gobierno debería estar viendo es cómo incorporar a la base tributaria a la base de la formalidad, del Seguro Social, de las AFP, a todos esos trabajadores, y este aumento hace que aumente más la informalidad, porque el micro y pequeño empresario que muchas veces apenas logran subsistir, decidirán irse a la informalidad”, recalcó Guidos.
Otra de las presiones que tienen empresarios -micro, pequeños y grandes- es que si no lo aplican el aumento al salario mínimo, tendrían que pagar $57.14 mensuales por cada empleado, dijo el presidente de Procaña.
Desempleo masivo
Según las estimaciones que han hecho algunos representantes de sectores, al momento se estima la pérdida de unos 75 mil puestos laborales.
En el sector azucarero 40 mil, en el del café unos 20 mil y en el textilero entre 10 mil y 15 mil, aparte del cierre de algunas empresas o negocios que aseguran que no podrían mantener esos costos.
Esto, debido a que los representantes de estos sectores han dicho que no podrían pagar, por lo que tendrán que tomar la decisión de despedir o incluso de cerrar.
ANEP tomaría medidas
Este día, la Asociación Nacional de la Empresa Privada tiene previsto anunciar la medida que tomarán respecto a este incremento.
La ANEP asegura que tiene fuertes argumentos para señalar que el proceso de elección del Consejo Nacional del Salario Mínimo es ilegal y que este ajuste debe ser declarado nulo, además de señalar que “este aumento es eminentemente político, con fines electorales, populista”, como subrayó Orellana.