En los últimos seis años, en los Gobiernos del FMLN, las autoridades han llevado a cabo no menos de cinco estrategias con las que han intentado combatir la delincuencia, prevenir la violencia y reducir los homicidios, cuya incidencia llegó a ubicar a El Salvador entre las países más violentos del mundo, al registrar cerca de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Algunas de estas acciones no dieron los resultados esperados; otras funcionaron unos meses pero las autoridades no lograron que fueran sostenidas en el tiempo.
Hubo planes en los que se involucrarían varias instituciones (Alcaldías, organizaciones comunales, sin fines de lucro, entre otras) a las que el Ejecutivo les desembolsaría dinero para proyectos de prevención y de reinserción de pandilleros.
Estos proyectos fueron anunciados con la certeza de que reducirían el índice criminal. Sin embargo, al pasar los días las instituciones no recibieron los fondos para llevarlos a cabo (o fueron insuficientes) y los planes quedaron en el olvido.
En reiteradas ocasiones, organismos y especialistas que estudian el fenómeno de la violencia han sostenido que algunas de estas acciones (como la tregua entre pandillas) solo sirvieron para fortalecer a los grupos delincuenciales.
Prohibición de armas en municipios violentos
En octubre de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Alcaldía de San Salvador, junto al Sistema de las Naciones Unidas, adoptaron la campaña “Yo decido vivir en paz”.
Las acciones propuestas para reducir la violencia fueron las vedas (prohibición) de armas de fuego y campañas de fiscalización y decomiso de las mismas.
El entonces viceministro de Seguridad Pública, Douglas Moreno, señaló que el fin era generar mecanismos para garantizar la seguridad ciudadana. Además, aseguró que la campaña estaba enmarcada en el trabajo coordinado que el Gobierno estaba realizando con distintas instituciones para lograr pacificar los municipios.
Un año después, en julio de 2011, el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, decretó la veda de armas de fuego en 27 municipios considerados muy violentos.
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Durante 60 días, la medida se llevó a cabo en San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, Usulután, La Paz, Cuscatlán, Ahuachapán y La Libertad, que según los registros de la Policía Nacional Civil tenían altos índices delincuenciales.
Esta prohibición fue decretada en Izalco, Sonsonate, San Antonio del Monte, Sonzacate, Acajutla y Armenia.
También en el Puerto de La Libertad, Quezaltepeque, Sacacoyo, Tepecoyo, Colón, Zacatecoluca, San Pedro Perulapán, Usulután, Puerto El Triunfo, Jucuarán, Chalchuapa, Santa Ana y Jujutla.
Así como en San Salvador, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Panchimalco, Apopa, Ciudad Delgado, Soyapango y San Martín.
Las autoridades manifestaron que con la veda pretendían reducir los hechos violentos, ya que el 80% de los homicidios registrados en el país eran cometidos con arma de fuego. La prohibición se basó el artículo 62-A de la Ley de control y regulación de armas, explosivos, munición y artículos similares.
Tres meses antes, en abril de 2011, el Ministerio de Seguridad realizó otra veda (en igual número de municipios) que coincidió con las vacaciones de Semana Santa.
Al terminar el asueto (del 16 al 24 de abril) las autoridades admitieron que en ese lapso hubo dos homicidios más que los registrados en el mismo periodo de 2010.
El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, quien entonces era subdirector de la Policía, admitió que en los lugares donde las autoridades concentraron esfuerzos no hubo incidentes, no así en las zonas donde tradicionalmente no registraban hechos delincuenciales.
Tregua entre pandillas y municipios santuarios
El Gobierno de Mauricio Funes negoció con las pandillas, en marzo de 2012, una tregua para disminuir los homicidios a cambio de que los cabecillas de estos grupos recibieran una serie de beneficios.
A pocos días de haberse firmado el pacto, el promedio diario de homicidios pasó de 14 a cinco por día.
Los mediadores de las pandillas, monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango, informaron que los delincuentes habían acordado que cesarían las muertes violentas y las extorsiones en Sonsonate, Santa Tecla, Ilopango, Quezaltepeque, La Libertad y Nueva Concepción.
También en Zacatecoluca, Apopa, Ciudad Delgado, San Vicente y Puerto El Triunfo.
En estos y otros municipios disminuyeron los homicidios, pero aumentó el número de personas desaparecidas y el hallazgo de cementerios clandestinos.
Ocho meses después, los voceros de las pandillas y representantes del Gobierno anunciaron la segunda fase de la tregua, que consistió en declarar como “municipios santuarios” o “libres de violencia” a Ilopango, Santa Tecla, Quezaltepeque, Sonsonate, Puerto La Libertad, Apopa, San Vicente, Nueva Concepción, Puerto El Triunfo, Ciudad Delgado y Zacatecoluca.
Los pandilleros, según se informó, es que cesarían las hostilidades entre ellos y no atentarían contra la ciudadanía. No obstante, los delincuentes no se comprometieron a dejar de cometer extorsiones.
El presidente Funes anunció que el Gobierno desembolsaría 33 millones de dólares para que en estos municipios se crearan centros de capacitación para el trabajo y el financiamiento de proyectos productivos para incorporar a los pandilleros a que renunciaran a los homicidios, extorsiones y otros delitos.
Meses después, algunos alcaldes denunciaron que esa entrega de dinero había quedado solo en promesa.
A esto se sumó que, en marzo de 2014, tras registrar un repute de muertes violentas a nivel nacional, las autoridades dieron por hecho que la supuesta tregua había terminado.
En julio pasado, durante la Operación Jaque (que permitió capturar a un centenar de pandilleros y desbaratar los negocios que tenían para financiar a la agrupación) la Fiscalía reveló algunos detalles de los beneficios que el Gobierno de Funes les dio a las maras durante la tregua.
Entre estos estaba el traslado de cabecillas del penal de máxima seguridad a cárceles comunes; la entrega de elevadas sumas de dinero (hasta más de 200 mil dólares); ingreso de objetos prohibidos y la organización de fiestas con bailarinas para entretener a los reclusos.