Las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, volvieron a reprogramar para el próximo 17 de enero la audiencia probatoria contra el expresidente Mauricio Funes Cartagena, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la ex primera Dama Vanda Guiomar Pignato, demandados por supuesto enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado.
La decisión de las magistradas fue a petición de los abogados defensores, quienes informaron que no podían estar presentes el 4 de enero, fecha en que la Cámara había señalado, porque coincidían con otras audiencias que ya tenían programadas.
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Esta es la segunda vez que la diligencia es pospuesta. Estaba previsto que la primera se llevara a cabo el 15 de noviembre pasado, pero fue reprogramada debido a que para esa fecha supuestamente no iba a estar listo el peritaje contable de los bienes del exfuncionario. No obstante, en esa ocasión, se conoció que los resultados fueron presentado en el tiempo estipulado.
“Se informó que la auditoría financiera a cargo del perito ya fue presentada a las magistradas en la fecha acordada, por lo que las partes ya fueron notificadas de la fecha”, decía un comunicado que, en esa ocasión, envió el Centro Judicial.
Los peritajes financieros tienen como propósito determinar, entre otras cosas, si al final de su gestión Funes tenía la capacidad de haber ahorrado $150 mil, además de cuantificar el total de armas de fuego registradas, el origen de las mismas y la forma en que obtuvo el dinero para adquirirlas.
De acuerdo con la Fiscalía, los análisis solicitados están basados en las irregularidades encontradas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante la cual Funes rindió informes al terminar su período presidencial.
El Ministerio Público también pretende indagar por qué Pignato, al tener un cargo ad honorem como Secretaria de Inclusión Social, canceló deudas por varios miles.
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Funes es demandado por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía, acatando resolución de la CSJ que resolvió declarar la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito por no justificar un incremento patrimonial por 552 mil 669 dólares.
También fue demandada la exprimera Dama, en calidad de cónyuge del exfuncionario, por la cantidad de 57 mil 60 dólares con las que canceló seis cuentas, mientras que su hijo por 118 mil 600 dólares.
Lo anterior con base a las declaraciones juradas de patrimonio presentadas en la Sección de Probidad de la CSJ
La Corte en Pleno ordenó abrir un juicio por este delito y designar a dicha Cámara para tramitarlo, mientras tanto esta instancia ordenó inmovilizar cuentas corrientes a nombre del exmandatario y restringir las trasferencias a terceros, entre otras diligencias.
En mayo pasado, Funes partió hacia Nicaragua con su pareja, Ada Mitchell Guzmán, y el hijo de ambos. Él aseguró que viajó porque fue contratado para hacer unas consultorías.
Su salida de El Salvador coincidió con la investigación de supuestos actos de corrupción. Cuatro meses después de estar en dicho país, el gobierno de Daniel Ortega les otorgó asilo político.