La crisis económica que la Fiscalía General de la República enfrenta desde hace varios meses amenaza con agudizarse si la Asamblea Legislativa no reconsidera aumentar el presupuesto para que la entidad opere en 2017.
La institución ha venido realizando maniobras para estirar los 44 millones de dólares que le asignaron este año.
En julio, el Fiscal General, Douglas Meléndez, criticó al Ministerio de Hacienda porque no le incrementaría el monto para el año entrante.
“Mantenernos con ese mismo presupuesto es darnos un tiro de gracia”, reprochó Meléndez, en esa ocasión.
Para el ejercicio 2017, la FGR solicitó 123 millones de dólares. Luego redujo la suma a 91.5 millones de dólares, considerando que las finanzas públicas están en números rojos y que otras instituciones también demandan dinero.
Sin embargo, el gerente general del Ministerio Público, Edwin Molina, sostuvo este lunes que la institución tuvo un “viernes negro”, el 30 de septiembre, cuando Hacienda le notificó que solo le desembolsaría 68.7 millones como presupuesto.
De este monto, podrá disponer de 46 millones de dólares para la operatividad (pago de salarios y servicios, entre otros) porque los 22 millones de dólares restantes deberá destinarlos para el proyecto de construcción de su propio edificio en Antiguo Cuscatlán.
“En promedio, para operar tenemos cinco meses… Los (contratos por) arrendamientos están a tres meses porque no tengo presupuesto para más”, dijo Molina.
Este recorte presupuestario no permitirá abrir 450 plazas, adquirir inmuebles (para no seguir alquilando edificios en donde funcionan sedes fiscales); renovar el equipo tecnológico y mejorar la flota vehicular.
Sin pagar arbitraje
Actualmente, el Ministerio Público tiene una deuda de caja de $6.1 millones en arrendamiento de locales, seguros, compra de gasolina, transporte de personal y seguridad.
A esto se suma la deuda de 2.9 millones de dólares que la institución tiene con el bufete de abogados que representó a El Salvador en litigio internacional con la empresa Pacific Rim; otros 2.3 millones de dólares por otro arbitraje del Fondo del Milenio de El Salvador (Fomilenio) con la empresa costarricense Meco y más de 150 mil dólares que por orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo debe pagar a dos exempleados de la Fiscalía.