El gobierno boliviano garantizó el martes el pago de 153.000 dólares por cada persona fallecida en el accidente de la aerolínea LaMia que dejó 71 muertos.
“Como Estado nosotros vamos a garantizar la indemnización a las familias… hay una póliza de seguro que como Estado se exige a las aerolíneas. Se tiene un seguro de 25 millones de dólares”, explicó el ministro de Obras Públicas Milton Claros en un informe sobre la investigación de la aerolínea y su responsabilidad en el accidente. “Si quieren un pago mayor, las familias tendrán que arreglarlo con la empresa”, agregó.
El 28 de noviembre un avión de LaMia cayó cerca del aeropuerto de la ciudad colombiana de Medellín con 77 personas a bordo, de las cuales sólo seis sobrevivieron. En el avión viajaba casi todo el equipo brasileño de fútbol Chapecoense, tripulación boliviana y varios periodistas deportivos.
El ministro indicó que la investigación del accidente encontró “una culpa directa” de la empresa LaMia y del piloto Miguel Quiroga, quien murió en el siniestro.
También halló incumplimiento de deberes del director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, César Varela, y de Roger Gandarillas, director general de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, por lo que el Ministerio de Obras Publicas hará una denuncia penal.
Entre las responsabilidades Claros mencionó que la funcionaria de la Administración de Aeropuertos Celia Castedo debió haber impedido que el avión partiera del aeropuerto de la ciudad de Santa Cruz por tener el combustible justo para llegar a destino. Castedo tramita un refugio en Brasil tras denunciar presiones para cambiar su informe sobre el plan de vuelo.
La empresa, que operaba desde Bolivia, obtuvo su permiso de vuelo en enero de 2015 y según Claros cumplió con todos los procedimientos legales para ser habilitada, incluso con la presentación de la póliza de seguro.
Sin embargo, se encontró un presunto tráfico de influencias entre el gerente general de LaMia Gustavo Vargas y su hijo, quien era director de registro aeronáutico nacional, por lo que se elevó una denuncia al Ministerio Público. Ambos están detenidos preventivamente en una cárcel.
LaMia obtuvo su permiso de vuelo con un solo avión que era alquilado a un empresario venezolano por 35.000 dólares al mes.