Lorenzo Córdova y Jorge Castañeda, ambos destacados intelectuales mexicanos, el primero, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y el segundo, ex Secretario de Relaciones Exteriores durante la mitad del sexenio del presidente Vicente Fox, protagonizaron, hace algunos meses, un acalorado debate en torno a las candidaturas independientes.
Córdova, quien se ha desempeñado desde los inicios de su carrera profesional como destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que “no hay que sobredimensionar a las candidaturas independientes porque van a provocar una decepción” y que “los candidatos independientes pueden caer en la demagogia y señalar que solo hay dos clases de políticos: los corruptos y los arcángeles puros”. Castañeda, por su parte, argumentó que al Consejero Presidente del INE no le corresponde deliberar sobre uno u otro tipo de candidaturas sino únicamente organizar elecciones. “Entiendo muy bien que él no la comparta, se vale, pero no como autoridad electoral, porque allí está la ley, él no está para reflexionar, está para organizar elecciones y resolver asuntos, pero no para andar reflexionando”.
La discusión nos plantea una realidad concreta: las generalizaciones en política pueden debilitar al sistema democrático. Si se aplica esta afirmación al combate de la corrupción el ejemplo se comprende mucho mejor. Ni todos los partidos son cloacas donde los corruptos se refugian ni el conjunto de políticos que los integran llegan al sector público para lucrarse, robar y malversar los fondos públicos. Ciertamente en los últimos dos años el mundo ha conocido escandalosos casos en los que las más altas autoridades, entiéndase los presidentes, han sido encausados por delitos relacionados con el lavado de dinero y con la apropiación indebida de las finanzas del Estado. Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, este último hace más de una década, son algunos de los países en los que se han procesado a los titulares del Ejecutivo. También fueron imputados altos funcionarios, diputados, alcaldes y, en el caso mexicano, algunos de los gobernadores electos por el voto popular.
Pero los partidos y quienes ejercen el poder van más allá de los pocos que son condenados por la justicia. A los políticos que no ejercen su cargo de manera recta debe sustituírseles por otros políticos. A los partidos que sólo sirven de fachada para enriquecerse del financiamiento que reciben deben reemplazarlos otros partidos. No es enterrando a los políticos y a los partidos como tendremos un mejor gobierno. Por el contrario, si la tendencia que permea a la opinión pública es la de terminar con estos actores, la experiencia ya demostró que sin esas organizaciones se robustece a los populistas. En Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, Chávez, Morales, Correa y Ortega, respectivamente, nos lo han revelado durante los últimos diez años.
No se puede adoptar, con exclusividad, la opción de las figuras independientes y condenar, de manera categórica, a todos los partidos, sin excepción alguna. Por eso es razonable la crítica del presidente del INE a una postura en la que se castiga a la “partidocracia” y se exalta como única tabla de salvación a los candidatos independientes. Así, Castañeda afirma que “lo lógico es que con el hartazgo ante la partidocracia que hay en el país, con el enojo, el rechazo, el repudio de la gente a la clase política, la partidocracia, los diputados, los senadores, los gobernadores, el presidente, los secretarios, los presidentes municipales, lo que tú quieras, no se salva nadie. Que todo eso se canalice a algo positivo, algo útil, constructivo, en un país donde lo que define el poder son las elecciones, debe definirse hacia una candidatura independiente”.
Cuando una sociedad estigmatiza a los partidos y a los funcionarios públicos como a “los malos” y al resto de la sociedad como “a los buenos”, se allana el camino para los demagogos. A quienes desempeñan de manera ilícita y deshonesta la función pública, las instituciones y el Estado de derecho tienen que apartarlos de la política; al resto de figuras los debe incentivar para mantenerse dentro de la legalidad, incluyendo por supuesto, a los candidatos independientes y a los movimientos ciudadanos que controlan y auditan al sistema político.
*Columnista de El Diario de Hoy