MIAMI. Ayer, en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró que en las Américas el ejercicio del periodismo carece de protección efectiva ante situaciones de violencia y la respuesta de los Estados es limitada, dejando a numerosos periodistas en la indefensión y víctimas de asesinatos, agresiones físicas y de amenazas de muerte.
Así iniciaron las Conclusiones de la SIP de su recién celebrada Asamblea General en Ciudad de México, donde se recordó en un emotivo video a los 20 periodistas asesinados en 2016 en la región, 11 de estos en México. Desde 1996 es tradición de la SIP redactar en sus reuniones resoluciones sobre el tema de impunidad en las Américas.
En la reunión de México fueron aprobados cinco documentos resolutivos (Asesinados, Brasil, Colombia, México y Perú) con el fin de mantener presente el tema de la falta de justicia y exigir acciones específicas a los gobiernos.
Por ser el país con mayor número de periodistas asesinados en las Américas, la SIP instó al gobierno de México a que atienda con firmeza y de forma integral y coordinada los casos de violencia contra periodistas y medios de comunicación.
De igual forma se instó a las autoridades de ese país a cumplir con las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referente a casos de asesinatos presentados por la SIP ante el organismo internacional; que no permita que sigan prescribiendo los delitos cometidos contra periodistas, y que se provea al sistema de protección los recursos profesionales y económicos para combatir la violencia y garantizar la seguridad de los periodistas.
En ese mismo sentido se dirigió el entonces presidente de la SIP Pierre Manigault al presidente de México, Enrique Peña Nieto, al recordarle los “numerosos casos de asesinatos de periodistas sin justicia en su país”.
Manigault, del diario The Post and Courier, Charleston, Carolina del Sur, también le reclamó a Peña Nieto, invitado a la reunión, que las autoridades estatales y federales “tampoco han dado respuesta adecuada” para resolver casos que la SIP ha sometido ante la CIDH y todavía siguen impunes”.
Manigault se refirió a los asesinatos de Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco y Benjamín Flores González, “cuyos nombres – dijo- respetuosamente engloban a otros periodistas caídos en México y en otros países de la región”.
En las resoluciones la SIP también pidió a Brasil identificar y sancionar a los autores de amenazas, agresiones y ataque; que las empresas de comunicación provean equipos de protección y el Estado los recursos y la estructura necesaria para el funcionamiento del Programa de Protección de Testigos y Protección de Defensores de los Derechos Humanos; dar atención urgente a los casos pendientes de resolución ante la CIDH, y la participación de expertos para aclarar y castigar a los culpables por asesinatos de periodistas, incluyendo los casos más antiguos para evitar la impunidad.
También instó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales de Colombia a fortalecer los mecanismos de investigación que conduzcan al esclarecimiento de las amenazas y los homicidios contra periodistas y a la imposición de sanciones que contribuyan a disminuir la impunidad, y se reiteró al fiscal general de la Nación para que avance en la priorización de casos emblemáticos, entre ellos el de la investigación del crimen de Guillermo Cano Isaza, asesinado en 1986.
En Perú se pidió al Poder Judicial actuar con diligencia y celeridad para sancionar a los responsables del asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, considerado el caso más emblemático de impunidad en el país.