En el último año las autoridades de Honduras han dado sendos golpes a la estructura y a las finanzas de la Mara Salvatrucha para confiscarles entre 25 y 30 millones de dólares, autolotes, armas, droga y residencias de lujo.
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Nada fue al azar. “Nos dimos cuenta de que la MS tiene una estructura organizativa muy fuerte; que hay mucho funcionario involucrado con ellos, que querían fortalecer cada día la empresa criminal y que están buscando el favoritismo político”.
Así resume el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Honduras, Ricardo Castro, las razones por las que este año se decidieron a dar un golpe a las finanzas de la MS, a través de la Operación Avalancha.
Esta ha sido considerada por las autoridades “la nueva estrategia” para combatir a las maras en el Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). Su objetivo es la persecución de delitos y el embargo a la mara de bienes obtenidos ilícitamente.
La primera fase de la Operación Avalancha fue el 23 de febrero y la segunda el 17 de octubre. Los operativos permitieron confiscar a la MS entre 25 y 30 millones de dólares.
También arrestaron a más de 20 pandilleros (entre ellos varios cabecillas); al alcalde de Talanga, Jorge Neftalí Romero, y tres exagentes de la Policía. A todos les decomisaron inmuebles, vehículos y otras pertenencias.
Tomando en cuenta que los países del Triángulo Norte han estado por mucho tiempo en la lista de más violentos del mundo -por la cantidad de homicidios que registran- y que tienen a las maras como enemigo común, en agosto acordaron crear la Estrategia del Triángulo Norte Contra Pandillas.
Uno de sus objetivos es poner a disposición de las autoridades de las tres naciones una base de datos con información confidencial sobre las pandillas y detalles de los operativos para contener los ataque de estos grupos.
Los resultados obtenidos en Honduras con la Operación Avalancha llevaron a sus vecinos a calcar la estrategia: en julio se realizó la Operación Jaque en El Salvador y en septiembre se ejecutó la Operación Fénix en Guatemala.
A juicio de Castro, antes, las autoridades hondureñas habían llevado a cabo operaciones aisladas para el combate delincuencial. Esto fue aprovechado por la MS -que a diferencia de la pandilla 18 es una estructura que está “bien organizada”- quien se fortaleció hasta llegar a convertirse en una “empresa criminal”.
“Vamos viendo cómo van introduciendo el dinero de la extorsión y el sicariato en la empresa privada… Era un dinero que estaba entrando al sistema financiero para luego salir de forma lícita”, dice el director de la ATIC, institución creada en 2014 para indagar delitos graves. Tras ocho meses de investigación, esta unidad detectó cómo estaba organizada táctica y operativamente la mara en Honduras.
También descubrió que una elevada suma de efectivo estaba en el sistema comercial, pues algunos empresarios ya habían mezclado sus capitales con el dinero de la pandilla.
MS y sus aliados
Uno de los primeros negocios que la Fiscalía vinculó con la MS en la primera fase de Avalancha fue la Clínica y Hospital Ochoa, propiedad de un doctor, Miguel Ángel Ochoa, en donde eran atendidos delincuentes lesionados en enfrentamientos con policías.
Por medio de dos negocios registrados por Ochoa, la pandilla empezó a legalizar el dinero ilícito. Su crecimimiento económico empezó a notarse a partir de 2012.
Las pesquisas además han arrojado que una hija del médico, contra quien hay orden de captura por lavado de dinero y asociaciones ilícitas, tenía nexos con un pandillero.
Las autoridades decomisaron 87 rastras y un bus a Inversiones Delco, de la que es propietario David Campbell Licona, cabecilla de la MS.
El hombre, quien es acusado de lavar dinero y está prófugo, inscribió su empresa en el Registro Mercantil en 2013. Algunos automotores que le incautaron tenían depósitos para ocultar dinero y droga.
Hace dos semanas, fueron decomisaron más de 200 carros en un autolote propiedad de Óscar Cortés Cabrera. Él sería un testaferro de la mara y su local era usado como centro de operaciones en San Pedro Sula.
“Cabrera es la típica persona que comienza con su negocio legal y con el paso del tiempo va mezclando capital; y cuando mezcla capital mezcla también amistades, porque uno no va a meter en su negocio dinero de alguien que no sepa quién es”, señala Castro.
Las maras también lavaban dinero en negocios de venta de repuestos para autos, salones de belleza, zapaterías, tiendas y discomóviles.
El Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, aplaude los “golpes por el lado correcto” que las autoridades han dado a la pandilla con la Operación Avalancha.
“No se había actuado en contra de estas organizaciones, los movimientos que se hacían eran tímidos. Lo que se hacía era capturar a la persona que cobraba la extorsión, pero no se hacía nada contra toda la estructura criminal y no se llegaba al fondo de cómo se lograba legitimizar el dinero en el sistema bancario nacional”, manifiesta Barquero.
El representante de la gremial dice que el empresariado hondureño paga una tasa de seguridad de 1,800 millones de lempiras ($78.2 millones).
Aunque dice no tener estadísticas sobre víctimas de extorsión ni del monto de dinero que las maras les exigen, advierte que es un problema que ha afectado mucho a micros, pequeños y grandes empresarios en la última década.
Al igual que en El Salvador, decenas de pequeñas y medianas empresas han cerrado en Honduras porque sus propietarios no soportan la extorsión. La CCIC ha conocido que compañías que, hasta hace unos meses, distribuían mercadería en determinado número de negocios han reportado que estos ya no existen.