Durante esta última semana, los noticieros y programas de opinión han enfocado parte importante de sus espacios para informar y generar debate en relación a dos temas que han acaparado la atención del país: la captura del expresidente Antonio Saca y la difusión de videos en los que se observa y escucha a altos dirigentes del FMLN mientras negocian el apoyo electoral de las pandillas con influyentes cabecillas de dichas agrupaciones. Aunque, en apariencia, los casos tratan sobre cosas totalmente diferentes, no es así. Ambos tienen un mismo origen y la forma en la que el estado les dé tratamiento tendrá similares implicaciones para El Salvador.
Los detalles revelados por el mismo Fiscal General, Douglas Meléndez, sobre el caso que llevó a la captura de Tony Saca y parte importante de su círculo de confianza, esbozan un sistema político que adolece de corrupción generalizada, sistemática y desenfrenada. Las millonarias cantidades de dinero presuntamente sustraídas de los fondos públicos ilustran el nivel de impunidad bajo el que están acostumbrados a operar los políticos salvadoreños. Indica el poco temor que tienen a las leyes y su plena confianza en poder manipular el sistema a su favor.
El video protagonizado por dirigentes oficialistas y cabecillas pandilleros presenta síntomas similares. En las imágenes difundidas en las redes sociales, se observa al actual ministro de Gobernación, Arístides Valencia, y al exministro de Justicia y Seguridad Pública, ahora asesor presidencial en seguridad pública, Benito Lara, negociar millonarias cantidades de dinero con cabecillas pandilleros a cambio de su apoyo en las urnas. Igual que Saca, Lara y Valencia actúan sin ningún temor de que pudiesen ser objeto de una investigación penal por su interacción con jefes de pandillas o por la compra de sus votos. Actúan, también, con una libertad y soltura que sugiere completa comodidad con esa condenable forma de proceder.
Ninguno de los casos se hubiese materializado bajo funcionarios público probos o con políticos temerosos de las leyes y la justicia. Es precisamente la confianza que los políticos salvadoreños tienen en su habilidad para influenciar y manipular el sistema de justicia penal la que posibilita acciones tan burdas y ambiciones sin límites. Esto, a su vez, es lo que atrae a lo peor de lo peor al servicio público y desilusiona a los pocos que desean servir motivados por el deseo genuino de contribuir al desarrollo del país.
Ambos casos se hicieron del conocimiento público casi simultáneamente. El video de los cabecillas pandilleros y dirigentes del FMLN fue difundido el sábado por la noche. Las capturas del caso Saca se dieron el domingo en la madrugada. Algunos opinan que haber realizado las detenciones tan próximas a la difusión del video tenía como intención restarle atención al video. Siendo el caso del expresidente tan trascendental, es poco probable que el video hubiese apresurado la ejecución de las capturas, pero tampoco es imposible. Sin embargo, es más conveniente que negativo el que se hayan conocido casi al mismo tiempo, ya que así se ilustra cómo la corrupción es generalizada y que ningún partido se salva. Esto obliga a que el debate no se polarice y que la tentación de atacar al otro partido se vuelva poco atractiva, propiciándose el apoyo unificado a la lucha contra la corrupción.
Ahora la responsabilidad recae sobre la Fiscalía. En el caso de Saca, tienen que presentar pruebas sólidas que sustenten la acusación fiscal y, en el caso del video, recolectar evidencias para determinar si existe responsabilidad penal para Lara y Valencia. Evidentemente, una vez los casos se judicializan, como el del expresidente, los jueces tienen el deber de evaluar las pruebas y emitir resoluciones de forma objetiva y justa. La manera en que tanto la Fiscalía como el Órgano Judicial le den tratamiento a estos temas, tiene el potencial de incrementar o detener el importante impulso que se ha desarrollado para atacar la corrupción en el país.
*Criminólogo
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