Las intenciones de desviar fondos públicos para las empresas radiales del expresidente Elías Antonio Saca formaba parte de un plan criminal que se habría preparado desde antes de que iniciara su gestión presidencial, en junio de 2004, según el planteamiento de la Fiscalía General expuesto ayer durante su intervención en la audiencia inicial del conocido como caso Saca.
“Este plan criminal se mantuvo por un poco más de cinco años”, dijo Mario Huezo, uno de los fiscales del caso.
Al exponer los argumentos del supuesto plan a la jueza Cuarto de Paz, Huezo aseguró que este inicia con la apertura que hace Elmer Charlaix de dos cuentas bancarias a su nombre donde comienzan a transferirle grandes cantidades de fondos de la llamada cuenta subsidiaria institucional de la Presidencia.
Estas dos cuentas bancarias fueron abiertas el 3 de junio de 2004, es decir, al tercer día de la gestión presidencial de Saca y las cuales fueron cerradas diez meses después, supuestamente según la Fiscalía, para poder evadir responsabilidades en ante cualquier investigación.
La representación fiscal sostuvo que para no dejar rastros del dinero transferido, Charlaix vaciaba los fondos de esas cuentas, días después de haberlos depositado, pero no hay rastros hacia dónde fue a parar ese dinero.
El fiscal Huezo explicó que Charlaix en su declaración que rindió en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentó que él tenía un salario superior al que recibía como secretario Privado de la Presidencia, supuestamente por manejar esas cuentas.
Huezo llamó instigadores al expresidente Saca y a Charlaix, a quienes consideró como los principales autores intelectuales del escándalo de corrupción, por haber involucrado a los tres empleados de Casa Presidencial a crear las 12 cuentas bancarias a sus nombres y por autorizar la transferencias de más de 255 millones de dólares a esas cuentas.
Sin embargo, el fiscal Huezo sostuvo que ninguno de los tres empleados pueden considerarse como cómplices o que actuaron porque eran órdenes superiores, porque ellos estaban conscientes de que eran órdenes ilegales y por lo tanto, no podían cumplirlas por estar fuera de la ley.
Sostuvo que ellos recibieron una orden de transferir esos fondos públicos a las cuentas privadas de Charlaix y luego se desviaban a las empresas de Saca.
En su exposición, la representación fiscal explicó que no había justificación para que la mayoría de estos fondos públicos llegaran a las empresas de expresidente Saca porque nunca existieron contratos de publicidad de esas empresas con Casa Presidencial.
Señalaron que para hacer la triangulación de la ruta de esos fondos utilizaron otras empresas como América Publicidad y Funes Asociados como receptoras de parte de esos fondos y luego éstas empresas les transferían ese dinero a las empresas radiales del expresidente Saca.
Otras de las formas para hacer desaparecer la ruta del dinero desviado fue que otras personas retiraran elevadas cantidades de dinero de las cuentas creadas para depositar los fondos con el propósito de eliminar rastros del destino de los mismos.
“Al cobrar el dinero en efectivo, pretendían que se perdiera el rastro de ese dinero”, dijo el fiscal Huezo.
También, la representación fiscal aseguró que se “inventaron” un supuesto reglamento para el manejo ilegal que hicieron de los más de 272 millones de dólares.
Defensa Saca pide descongelar cuentas de empresas
Antes de comenzar la audiencia, la defensa del expresidente Saca pidió a la jueza que ordenara descongelar las cuentas bancarias de las empresas del exmandatario para poder cumplir con sus obligaciones económicas.
Mario Machado, uno de los defensores de Saca, explicó que es necesario que esas cuentas estén descongeladas porque de ahí tienen que pagarle los salarios a los más de 300 empleados y también porque están en contra de lo que habían resuelto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Cámara de lo Civil de que no se congelarán esas cuentas del expresidente Saca.