La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prohibió ayer al Gobierno, de formar temporal, usar el dinero de las pensiones para pagar la deuda que ya tiene con los trabajadores.
Esto se deriva a partir de la admisión de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Francisco Javier Argueta, en relación a la reforma de la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), realizada el 29 de septiembre de este año con 48 votos.
Según la demanda presentada, la modificación de la ley habría vulnerado varios artículos de la Constitución.
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Argueta sostuvo que con la reforma se elimina el pago de pensiones y aspectos obligatorios relacionados con ello, como el pago de las cuotas de capital e intereses de Certificados de Inversión Previsional (CIP) adquiridos, lo cual desemboca en que los títulos se financien con deuda previsional.
El demandante planteó que la Asamblea Legislativa aprobó de manera urgente la modificación de la FOP, pasando por alto el principio de publicidad parlamentaria que establece que antes que una ley sea aprobada debe haberse discutido en el Congreso, según la Constitución.
Con tal acción, manifestó, no se analizó el impacto económico que se generaría, ya que esto permitió al Gobierno tomar $71.5 millones que tenía que pagar en conceptos de capital e intereses por obligación al CIP, el 7 de octubre pasado.
Argueta también denunció que se analizara si los efectos de la reforma constituyen una forma de financiamiento público, ya que si es así, tuvo que haber sido aprobado por la mayoría calificada (56 votos).
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Asimismo, solicitó al Tribunal Constitucional determinar si tal aprobación afecta al derecho de un ciudadano a recibir la pensión en la vejez.
En la admisión de la demanda, la Sala pide que la Asamblea Legislativa rinda informes, en el plazo de 10 días a partir de hoy, para que argumente la forma en que fue aprobada la reforma a la FOP y si esta contiene irregularidades.
Además establece informar al Fiscal General, Douglas Meléndez, sobre los puntos planteados por Argueta.
Reacciones a partir de la demanda admitida
Argueta se mostró satisfecho de que los magistrados hayan admitido la demanda.
“Esta es una advertencia que le dice al Gobierno: ‘Usted no puede tomar los fondos de los trabajadores para solventar los incumplimientos o las irresponsabilidades que se han tenido en materia fiscal. Los fondos de los trabajadores tienen una protección internacional y una protección constitucional fuerte”, señaló el abogado.
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De acuerdo con Argueta, la medida cautelar que ha establecido la Sala responde a que existe un peligro de daño a los fondos de pensiones. “Esta admisión queda prohibido agarrar deuda para pagar deuda”, agregó.
Argueta también se mostró satisfecho de que la Sala haya cuestionado el principio de publicidad parlamentaria: “algo tan serio como este tema debió discutirse en una comisión más ampliamente. Tuvo que haber debate”, señaló.
Por su parte el abogado del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya, que también ha presentado una demanda por el mismo decreto, cree que la decisión de los magistrados “ha sido tardía” pues el Gobierno ya emitió $71.5 millones extra en Certificados de Inversión Previsional (CIP) para pagar la deuda que ya tenía con los cotizantes de las AFP.
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“Si los magistrados hubieran admitido esto de inmediato, el Gobierno no hubiera podido tomar $71.5 millones del dinero de los mismos cotizantes”, señaló el abogado.
Mientras que la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), brindó una posición oficial respecto a la admisión de la demanda.
“Vemos con optimismo la resolución emitida por la Honorable Sala de lo Constitucional… por lo que el Estado deberá mantener la obligación de pagar el capital e intereses correspondientes a las emisiones que se compran al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales”, estableció.
Asafondos, además, señaló que considera que la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional es una espacio para que las temáticas relacionadas con el futuro previsional de los salvadoreños sean discutidos con amplitud y con criterio técnico, y no solo con el objetivo de beneficiar a los trabajadores.
A los diputados del FMLN como Jackeline Rivera, dicen no extrañarles lo que la Sala resuelve.
Rivera sostuvo que el próximo mes no habrá dinero para pagar las pensiones y advirtió a la población que vayan al Tribunal a exigirles su pensión.
Otros más conciliadores como Mario Tenorio, de GANA, el gobierno lo que debe de hacer es buscar los mecanismos idóneos para cumplir con ese compromiso.
Para Carmen Elena Calderón de Escalón, de ARENA, la resolución de la Sala debe llamar a la conciencia del Gobierno para encontrar hoy más que nunca una pronta respuesta y solución al tema fiscal, específicamente en la emisión de los bonos.