El Movimiento de Trabajadores en Defensa del Escalafón, del Hospital Zacamil, exigió ayer por la mañana, a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, que incorporar el escalafón al presupuesto de esa cartera de Estado para que se entregue al 100 % de los empleados.
De acuerdo con el representante del movimiento, André Gregori, los partidos de oposición están dispuestos a incluir el dinero del escalafón para los empleados de Salud, pero la ministra se opone a ello, afectando a más de 25 mil trabajadores.
Ante la disposición de los partidos políticos de incluir en el presupuesto 2016, los $26 millones que se necesita para el pago del escalafón, la ministra de Salud debe presentar otra vez el proyecto de presupuesto de esa cartera estatal, en donde incluya el escalafón, “pero aún no lo hace porque sigue encaprichada”, opinó el dirigente gremial.
“Si la partida escalafón no está incluida en el documento presentado, ellos (los diputados), por ley, no pueden incluirla o no pueden crearla”, explicó.
La apreciación que hace el representante de este grupo de empleados es que la ministra de Salud “no quiere dar su brazo a torcer” y por eso no lo quiere incluir en el presupuesto de la institución.
Expresó que los agremiados de Salud confían en que los diputados de oposición mantengan su palabra para otorgar el escalafón a todos los empleados, sin excepción.
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Otro de los puntos que denunció el Movimiento de Trabajadores del Hospital Zacamil fue los descuentos que están haciendo los directores de los diversos hospitales nacionales contra los empleados que protestaron en la pasada reducción de labores.
Aseguró que para hacer los descuentos están aplicando un proyecto de Ley de Adecuación del Servicio Público, el cual no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa.
“Nosotros le llamamos a eso ilegalidad manifiesta porque no está aprobado, los trabajadores están regidos por la Ley del Servicio Civil”, insistió el médico.
Dijo que ese proyecto se presentó durante la administración del expresidente Mauricio Funes, el cual fue rechazado por los sindicatos de Salud.
Aplicar medidas sancionatorias que no están en el sistema jurídico es “una ilegalidad desde cualquier punto de vista”, opinó.
Dado a que aún la Asamblea Legislativa no ha aprobado el Presupuesto General, los trabajadores se mantienen a la expectativa si se incluye o no el escalafón, reiteró.