Los 169,747 adultos mayores que reciben actualmente una pensión (del ISSS o INPEP) seguirán recibiendo su dinero sin ningún problema en lo que resta del año y en 2017, según afirmó la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos).
Su presidente, René Novellino, hizo esta aclaración después de que la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le prohibiera al Gobierno tomar dinero de los fondos de pensiones para pagar la deuda previsional.
Tras la decisión judicial, algunos diputados del FMLN culparon a los magistrados de ser los responsables de que no haya dinero para hacer este pago.
Una de ellas fue la diputada del FMLN, Jackeline Rivera, quien dijo que serán los magistrados de la Sala los que tendrán que explicar cómo se pagarán las pensiones a partir de hoy.
“Deberían de explicar cómo se pagarán las pensiones desde hoy, porque el Gobierno no tiene dinero”, dijo la funcionaria a un medio digital.
Sin embargo, Novellino informó que el martes pasado las AFP le prestaron al Gobierno $56.3 millones para pagar las pensiones de noviembre y que, en los próximos días, también se hará otro préstamo igual para pagar las pensiones de diciembre.
Además, el Gobierno ya envió a las AFP una solicitud para que en 2017 le den prestados otros $613 millones con los que se pagarán las pensiones de 2017.
“El dinero de las jubilaciones está asegurado. No hay riesgo de que no se paguen las pensiones”, dijo Novellino.
Aclaró que la decisión de los magistrados no modifica en nada el préstamo que le hacen las AFP todos los trimestres para que los jubilados del sistema de pensiones anterior reciban su pensión.
“Se mantiene el mecanismo ordinario para pagar pensiones”, dijo Novellino.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aclaró el martes que el dinero para las pensiones no está en riesgo, pero sí el pago de la deuda, para el que asegura que no tiene dinero.
La resolución de la Sala solo le prohibe al Gobierno hacer un préstamo para pagarle el capital e intereses a los mismos a los que les debe.
Solo este año las AFP, y en definitiva, los trabajadores cotizantes, le habrán prestado al Gobierno un total de $519 millones con los que se ha garantizado el dinero para los jubilados.
Las últimas emisiones de deuda se han colocado a una tasa del 3.5% de interés que tendrán que recibir como ganancia los trabajadores.
Actualmente los jubilados del sistema antiguo (ISSS e INPEP) reciben su pensión del dinero de las cotizaciones del sistema privado (AFP) a través de la ley que creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
Con esta ley el Gobierno ha podido financiar el pago de pensiones desde 2006 pues las reservas del INPEP se agotaron desde 2002.
Desde ese año a la fecha la deuda que ha generado el Gobierno con los cotizantes asciende a más de $5,500 millones de los cuales tiene que amortizar una cuota cada seis meses.
No hay para pagar deuda
Para lo que no hay dinero es para pagar el capital e intereses de esa deuda que el Gobierno adquiere cada tres meses con los cotizantes de las AFP, para pagar las pensiones.
Hacienda estuvo a punto de caer en impago con las AFP porque aseguraba que no tenía $71.5 millones para pagar la amortización que se hace en octubre. Por eso mismo aprobó una reforma a la ley del FOP que les permitía agarrar dinero de los cotizantes para pagarles a ellos mismos.
Es decir que esos $71.5 millones salieron del mismo bolsillo de los trabajadores que le han prestado el dinero al Gobierno para el pago de las pensiones.
El próximo año tiene que pagar una amortización anual de al menos $220 millones, pero Hacienda no lo ha incluido en el presupuesto.
Tanques de pensamiento como la Fundación Nacional de Desarrollo (Funde) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) han sugerido que ese dinero sea incluido en el presupuesto del próximo año y que salga de los fondos que el Estado percibe de los impuestos. Nunca a través de otra deuda. El Gobierno está en el proceso de crear una mesa con la oposición política para discutir una posible reforma de pensiones que busque resolver la crisis fiscal que le genera ese apartado a las finanzas estatales.
Paralelo a ello también se ha creado una Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, integrada por diferentes economistas, además de líderes sindicales, con el fin de crear una propuesta de reforma de pensiones que incluya medidas para que el Gobierno deje de utilizar los fondos privados para pagar las pensiones del sistema público. Los representantes de la Iniciativa esperan tener una propuesta de reforma al final de año y presentarla el próximo para que se analicen diferentes opciones para que los trabajadores tengan una mejor jubilación.