El coronel Alfredo Benavides fue internado el lunes de esta semana en un hospital de San Salvador tras indicios de derrame cerebral, y su situación de salud es complicada, según revelaron familiares.
Benavides fue el único no liberado de los cuatro militares capturados en febrero de este año por su vinculación con el asesinato de seis jesuitas de la UCA y dos de sus colaboradoras.
El 16 de agosto pasado, por unanimidad de votos, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron no extraditar a los militares detenidos por este hecho ocurrido la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
Una semana después, con 11 votos los magistrados acordaron liberar a tres de ellos y remitir a Benavides al Juzgado Cuarto de Instrucción (antes Cuarto de lo Penal) para que este conociera su caso con el fin que cumpliera la condena impuesta en 1992.
Ese año el coronel fue condenado a 30 años de cárcel, pero fue liberado 14 meses después con la aprobación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, luego de la derogación de esta, en julio pasado, volvió a la situación anterior.
Mientras que los sargentos Antonio Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, fueron absueltos del juicio, y por ello quedaron en libertad.
De acuerdo, Carlos Guzmán, defensor de los militares, previo a la liberación de Benavides, sus defensores de aquel entonces habían apelado por su condena ante la Cámara Primera de lo Penal y esto estaba en trámite.
Por esa razón, explicó, el Juzgado Cuarto de Instrucción se excusó de conocer el caso remitido por la CSJ y actualmente la decisión está en manos de la Cámara, que según el Código Procesal Penal de 1974 -bajo el cual se tramita la diligencia- no tiene un tiempo determinado para resolver.
Guzmán dijo que el 3 de octubre de este año, junto a Lisandro Quintanilla, el otro defensor de los militares, presentaron los argumentos para que la instancia superior deniegue la detención, estableciendo que aunque la Ley de Amnistía fue derogada, esta no tiene efectos retroactivos.
El defensor agregó que están a la espera que la Sala de lo Constitucional de la CSJ resuelva dos recursos de hábeas corpus (exhibición personal) interpuestos.
Además que el mes pasado el ejecutor especial que nombró la Sala, al igual que la Interpol y la Policía presentaron informes sobre el caso, por lo cual esperan que el Tribunal Constitucional resuelva en base a los mismos.