La deuda económica que arrastra la Policía Nacional Civil (PNC) con sus proveedores asciende a 20 millones 520 mil dólares hasta el 12 de octubre pasado, según un informe de la Oficina de Información Pública de la corporación policial.
El informe detalla que de esos 20 millones, hay 1,604,987 dólares , corresponden a la deuda que tiene la corporación policial con los propietarios de edificios, casas, y locales que son arrendados por la Policía para albergar delegaciones, unidades y oficinas administrativas de la PNC.
Las autoridades policiales tienen que pagar hasta 5 millones veintinueve mil con 538 dólares anuales por los alquileres de 363 inmuebles que ocupa la Policía para que funcionen puestos u oficinas policiales.
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Muchos propietarios de los inmuebles arrendados por la corporación policial se han quejado en reiteradas ocasiones por el atraso de hasta siete meses en el pago de los arrendamientos, lo que les implica tener gastos extras en el Ministerio de Hacienda y en el sistema bancario, según los denunciantes.
Fuentes policiales explicaron que la deuda económica que posee la Policía se viene arrastrando desde años anteriores, la mayoría de ocasiones por la tardanza con la que el Ministerio de Hacienda eroga los fondos para el pago de alquileres o para la prestación de otros servicios o bienes.
Sin embargo, en el caso de los alquileres se tardan hasta siete meses en cancelar parte de la deuda con los dueños de los inmuebles.
Agregaron que en la mayoría de casos, a los propietarios se les entrega un quedan para ser cobrados de 30 a 60 días para ser efectivo, pero cuando llegan a cobrar, se les abona algunas veces parte del dinero y luego le entregan otro quedan con diferente fecha, pero de 30 a 60 días para que sea cobrado. Sin embargo, ese proceso de pago no funciona porque siempre hay tardanza en la cancelación de la deuda.
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Por la falta de dinero, en la mayoría de las delegaciones y puestos policiales, los jefes policiales no pueden pagar a tiempo los servicios de agua potable, repuestos de vehículos, papelería, artículos para higiene, servicios de fontanería, carpintería, lámparas, focos o cualquier reparación o servicio que requieran las delegaciones y unidades especiales, según policías consultados.
Otro de los problemas que se viven en los puestos policiales es la falta de agua potable y otros servicios básicos porque no pagan a tiempo las facturas.
También se quejan de la falta de material para oficina como papel, lapiceros, tinta para impresoras que se requieren para sacar copias para diligencias que realizan y remitir a la Fiscalía General en algunas subdelegaciones y delegaciones.
A lo anterior se le suma que los policías tienen que llevar los carros patrullas a echar combustibles a estaciones que están fuera de su jurisdicción porque en algunas gasolineras ya no les quieren dar crédito por ese servicio porque todavía les deben, según denunciaron varios policías.
No menos de 40 puestos policiales funcionan en inmuebles, cuyos propietarios no les cobran los arrendamientos, pero las comunidades se han hecho cargo de pagar la energía eléctrica y el agua potable con tal de que no cierren esos puestos policiales.
En otros municipios, las alcaldías han dado en concesión inmuebles municipales para poder albergar a los policías y soldados, y han asumido los gastos de agua y energía eléctrica.
Se han dado casos en los que los agentes han tenido que pagar la reparación de las llantas de su propio bolsillo, según denunciaron ellos mismos.
A lo anterior se le suma el problema de que hay carros patrullas han estado estacionadas por mucho tiempo porque no hay dinero para las reparaciones.
La millonaria deuda de la Policía contrasta con la compra de trajes de gala para las máximas autoridades y oficiales de la Policía, según denunció el Movimiento de los Trabajadores de la Policía.
Esta asociación señala en su cuenta de Facebook que la corporación gastó 40,000 dólares en la compra de uniformes de gala para el Director General, Subdirector, Jefes policiales y oficiales.
Además destinaron 6,000 dólares para la compra de zapatos de charol destinados exclusivamente para los altos jefes policiales. Este tipo de calzado se utiliza para asistir a eventos relevantes para la corporación policial, según el Movimiento.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, en su oportunidad, aceptó que esa inversión debe ser regulada aunque aseguró que en otros años el gasto fue más elevado debido a que había más “posibilidades”.
Este movimiento de policías ha denunciado constantemente que las condiciones de algunas delegaciones y puestos policiales se encuentran en una situación deplorables que impide que los policías puedan desempeñarse de la mejor forma en sus labores; además de denunciar la falta de uniformes, botas y equipo de trabajo.
Por su parte, el director de la Policía Howard Cotto se limitó a decir que no tenía en ese momento el dato de la deuda del alquiler de inmuebles, pero que “la hemos ido bajando en los últimos meses, afortunadamente”.
Agregó que se trabaja con el Ministerio de Hacienda la forma de cómo se pueda solventar el problema del impago con los proveedores.
“Tenemos la proyección de que antes de que finalice el año, esta parte de la deuda esté resuelta por el apoyo que ha ofrecido el Ministerio de Hacienda.
Sostuvo que se está a la espera de la aprobación de un préstamo por parte de la Asamblea Legislativa que se complementaría con fondos propios para “seguir con esta dinámica de construir más infraestructura propia que nos permita no caer en esta situación de deber a quienes nos arrenden en el país”.
Ramírez Landaverde sostuvo que una de las prioridades es tener la infraestructura propia para las delegaciones policiales, en las cuales los policías tengan las condiciones adecuadas para desempeñar de buena forma su trabajo y puedan descansar en condiciones dignas.
“Desarrollamos una campaña muy fuerte para gestionar inmuebles y hemos tenido el apoyo del Gobierno, alcaldías, de las gobernaciones del país, y la Policía se ha ido haciendo de más inmuebles para que en un futuro desarrollar más proyectos de infraestructura”, dijo Ramírez Landaverde.
Lamentó que la delegación de Policía más importante del país como lo es la delegación Centro de Policía de San Salvador no tenga su propio edificio y tenga que estar alquilando.
“Si ahora ocupa el local en la 5a. Avenida y 5a. Calle, pero por largos ha estado en distintos lugares, como por ejemplo parque Centenario, 1a. Calle y 17a. Avenida y así ha ocupado distintos lugares”, dijo Ramírez Landaverde.
Destacó que desde el año 2014, se trabaja en el desarrollo de proyectos de infraestructura, específicamente en San Salvador y La Paz.
Dotación de uniformes supera $3 millones
Con la dotación de uniformes y equipo para los policías, la corporación invirtió 3 millones 507 mil 502 dólares en la adquisición de uniformes policiales y la dotación de equipos para los agentes como pistolas, esposas u otro implemento, en el último año.
Al detallar la inversión, la corporación canceló 2 millones 54 mil 275 dólares en la elaboración de uniformes para los más de 23 mil policías y oficiales.
También la adquisición de las 16 mil 998 pares de botas le significó una erogación de 886,251 dólares y otros 566,976 dólares para la compra de equipos policiales.
Sin embargo, policías consultados aseguraron que la calidad de la tela de los uniformes no sirve, porque al cabo de unos dos meses se comenzó a desteñirse y además se comercializa en cualquier almacén lo que es contrario al contrato con la empresa que ganó la licitación porque hay una cláusula que no puede ser comercializada en el mercado nacional por seguridad.
Explicaron que las autoridades policiales manifestaron que comprarían botas de fabricación francesa, pero las que recibieron no tienen ninguna etiqueta que demuestren que hayan sido fabricadas en Francia.
Además señalaron que las botas que han recibido no tienen la comodidad que se requiere para el servicio, sobretodo por los policías que tienen que patrullar grandes distancias.