Durante meses funcionarios de Gobierno y miembros de la oposición se reunieron a puerta cerrada para definir el monto y los probables destinos de otro endeudamiento mediante bonos que, a pesar de ser similar a otras emisiones de deuda que había realizado el Ejecutivo, tenía un matiz diferente: era fundamental para que el Estado pudiera terminar el año funcionando y pagara sus compromisos inmediatos, ante la inminencia de un impago.
Tal era la urgencia del Gobierno y del FMLN por el efectivo que por primera vez, en mucho tiempo, cedió a las presiones de la oposición política y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dicha negociación terminó al fin el pasado jueves, cuando se avaló la emisión de $550 millones.
Pagos que el Gobierno debía ejecutar tales como el pago mensual del subsidio de energía eléctrica, pago a algunos proveedores, el desembolso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES) de los próximos meses y los sueldos de los funcionarios fueron metidos en este “combo”.
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Asimismo, el acuerdo incluía la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, y se pusieron sanciones a funcionarios que no cumplieran con esta última ley y techos a futuras deudas.
Destino de los? fondos
Los $550 millones que el Gobierno necesita para seguir funcionando, al menos hasta finales de este año, incluyen $65 millones para pagar las remuneraciones de los funcionarios públicos, se entiende que incluye el pago de los sueldos de noviembre, diciembre y los aguinaldos.
Asimismo, se suman $82 millones para pagar el FODES del último trimestre de 2016, con el cual las alcaldías pagan la mayor parte de sus gastos corrientes.
En el último par de meses, sindicatos municipales, trabajadores edilicios y algunos alcaldes han bloqueado carreteras, han marchado en son de protesta y han dado declaraciones a casi todos los medios, denunciando el atraso en los desembolsos, que por ley le corresponde a las municipalidades.
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Legalmente, las alcaldías deben recibir, anualmente, entre el 6 o el 8 % del presupuesto general de la nación para funcionar normalmente.
Además el Ejecutivo obtuvo $50 millones para cancelar requerimientos de pago con los diferentes proveedores de bienes y servicios, con prioridad para las pequeñas y medianas empresas.
No obstante, esta será una erogación parcial para pagar a una parte a los proveedores con se tienen más atrasos.
También se han asignado $46 millones para el pago del subsidio a la energía eléctrica, en donde siempre hay quejas de los usuarios.
Dentro de este subsidio recurrentemente se están eliminando usuarios de la base de datos del Ministerio de Economía, y esa cartera de Estado argumenta que está focalizando cada vez más el beneficio para atender a los sectores más vulnerables, siempre aparecen personas quejándose que les han quitado el subsidio.
Finalmente se destinarán $307 millones para pagar Letras del Tesoro (Letes, una deuda de corto plazo que se buscará convertir en deuda de largo plazo.
Actualmente se estima que el saldo de las Letes oscila alrededor de los $1,070 millones.
Sin embargo, la sola aprobación de la emisión de bonos no quiere decir que el dinero lo recibirá ya el Gobierno; en todo lo que se estructura la emisión se convoca a los compradores y se coloca en los mercados internacionales, pasará un tiempo.
Los más optimistas creen que el dinero que se obtenga con los bonos se tendrá hasta mediados o finales de de enero de 2017; para mientras el Gobierno ha estado negociando con los bancos un crédito puente, que le permita cancelar sus compromisos; y luego, con el dinero de la emisión pagaría el préstamo bancario. “Hemos hablado con el sector financiero para que se nos permita hacer los desembolsos lo más pronto posible; la situación es muy difícil y por ello todos los partidos políticos en la Asamblea deben seguir trabajando juntos”, recalcó el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, esta semana.
Ahora se viene otra jornada de negociación por $650 millones para el resto de obligaciones del Estado que quedaron en el tintero, pero su aprobación implicará más compromisos y, ojalá, una verdadera austeridad fiscal.