Los alegres presupuestos que viene presentando el oficialismo desde hace siete años se basan parcialmente en cifras irreales y mentiras, pues la maña ha sido la de excluir sectores como los pensionados o rubros como el Fodes para luego pedir más préstamos, ha denunciado la oposición.
Los presupuestos del actual y previo gobiernos no incluyen bonificaciones a los agentes policiales, el costo de cubrir el escalafón, los pagos pendientes a proveedores, incluyendo los dueños de inmuebles alquilados por oficinas estatales y estaciones de policía, los necesarios incrementos a los servicios públicos, etcétera.
Y de inmediato la gente se cuestiona si los millones que faltan y que se busca pagar con préstamos no son los mismos que le ofrecieron a los pandilleros o el pago a los camaradas embrutecidos por el odio.
Como señala el Banco Central, de préstamos en préstamos estamos llegando al punto en que los papeles de “el Estado” salvadoreño pueden convertirse en eso, en papeles sin mayor valor, con los que el país tiene que pagar intereses del diez por ciento para que encuentren compradores.
Y de eso se trata la ley de Responsabilidad Fiscal: ir tras cada centavo para asegurarse en alguna medida de que esos dineros se empleen como lo establece el presupuesto, que no cojan camino a otros usos como negocios o bolsillos de gente de la nueva clase.
Cuando les toque votar,
no lo hagan con los pies
Volvamos a los “papeles” que el gobierno coloca en los mercados y que, como advierte el mismo presidente del Banco Central, Óscar Cabrera, corren riesgo de convertirse en bonos basura.
¿Por qué el riesgo? Con los bonos que saca al mercado un gobierno sucede lo mismo como cuando una persona solicita un crédito a un banco: los banqueros examinan las credenciales del solicitante para establecer si podrá pagar ese crédito, si tiene la capacidad como productor o comerciante para generar los recursos necesarios para cubrir el compromiso.
Los viciosos, indolentes, irresponsables, incapaces, deshonestos son rechazados, pues su historial es de tramposos y siendo así, no puede el banco confiar en esa clase de sujetos dinero que no es suyo, sino de los depositantes.
Igual sucede con los países. Los compradores de bonos se hacen una similar interrogante: ¿tiene la República Bolivariana y Socialista de Venezuela capacidad de generar la riqueza que requiere el pago de sus deudas?
Y en el caso de El Salvador la interrogante debe de ir por similares consideraciones: un país exprimido con impuestos hasta el hueso, aquejado por la corrupción estatal, donde la gente vive bajo la amenaza de pandillas, donde el poder está en manos de grandes luchadores revolucionarios pero sin capacidad para trabajar y administrar, ¿puede responder por lo que presta?
Cualquiera que se ponga en los zapatos de un inversionista al que se le presenta la oportunidad de invertir en Colombia o la nueva Argentina, o meter sus centavos en un país en vías de total subdesarrollo, va a responder como cualquiera de nuestros lectores que tenga la cabeza en su puesto.
Esto explica la reticencia de ARENA a dar luz verde con facilidad a préstamos que a final de cuentas manejan los que están llevando a esta hermosa tierra a la ruina.
Cuando les toque votar, no piensen con las extremidades…