La corrupción afecta doblemente a una sociedad pues, además de un debilitamiento de los servicios básicos que ofrece el Estado, se distorsionan las condiciones de igualdad que deben tener los competidores para que un mercado funcione y pueda generar riqueza, empleos e innovación, sostiene el abogado argentino Sergio Díaz Ricci.
Esto a raíz de que un régimen corrupto tiende a generar privilegios a ciertos actores que pueden llegar a ser exitosos por sus conexiones y no por su competitividad.
“Y un requisito para que el sistema económico funcione es que la competitividad se dé en condiciones de igualdad”, afirma el abogado.
Es por esto que este experto en derecho constitucional considera que un aporte que el Estado puede hacer a la economía es garantizar la paridad entre competidores que no gozan beneficios artificiales.
“Cuando un Estado es el causante de esas condiciones en que se beneficia a amigos y se afecta a contrarios, produce un desequilibrio que afecta a todos”, explica, y agrega que aquellos que se han visto afectados por decisiones arbitrarias del Estado deberían poder acudir a una maquinaria institucional que corrija estas irregularidades y asegure el cumplimiento de “las reglas del juego”.
Si eso no se previene, advierte, se puede caer en casos como el de Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega ha hecho pactos con empresarios que han guardado silencio ante ataques a la institucionalidad democrática y aunque esto puede traer un crecimiento a corto plazo, a largo plazo la sostenibilidad del modelo se pone en duda.
Condiciones favorables a la inversión
Sergio Díaz Ricci considera que además de reaccionar ante distorsiones, un Estado debe generar las condiciones legales que favorezcan a la iniciativa privada.
Entre estas condiciones señala las garantías de acceso al mercado en igualdad de condiciones, la libertad de contratación, la propiedad intelectual y la propiedad privada.
En este sentido, resalta que “hay países que ponen dentro de los derechos fundamentales en sus constituciones a la libre empresa y la libre iniciativa económica” y uno de esos casos, explica, es el de El Salvador, cuya Carta Magna reconoce en los artículos 101 y 102 este sistema económico que él considera el motor de la prosperidad.
En efecto, el artículo 101 expresa que “el Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos (…)” y en el 102 se establece que el “Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional”.
El reto, según el experto argentino, es que este marco legal se combine con una institucionalidad efectiva que genere credibilidad, certidumbre y un sistema perdurable.
Asimismo, lamenta que en algunos casos, pese a que la ley contempla garantías para el mercado, actos administrativos adversan esta libertad económica y generan incertidumbre, lo cual reduce la confianza en un sistema.
De ser así, dice, las inversiones pueden seguir llegando a un país, pero a un costo mayor y eso debilita su economía y afecta la generación de empleos. Por ello, Díaz Ricci advierte que “la falta de libertades económicas la pagan los más desfavorecidos”.