“Luchar contra la corrupción es una de las principales exigencias de la ciudadanía en todo el mundo”, afirmó ayer el Coordinador de Naciones Unidas en El Salvador (ONU), Christian Salazar Volkmann.
Salazar, quien participó de un seminario de derecho y desarrollo, destacó que es tanta la importancia del combate al uso indebido de recursos públicos que, por primera vez, la ONU lo ha incluido en su agenda de desarrollo global.
El diplomático afirma que “luchar contra la corrupción constituye una de las principales áreas de expansión en las Naciones Unidas y reconocemos los daños que este fenómeno produce al estado de derecho y al bienestar social”.
Los Estados miembro de la ONU se han comprometido con reducir los sobornos e incrementar la transparencia, tanto en sus sectores públicos como en la relación de estos con los privados y el tema está destacado en la Agenda Global 2030, que traza los objetivos de desarrollo sostenibles de este organismo multilateral a mediano y largo plazo.
Entre los puntos que este acuerdo busca están reducir las corrientes financieras ilícitas y el tráfico de armas; asegurar la devolución de bienes robados o adquiridos de forma irregular y el combate a la delincuencia organizada.
Cifras de la corrupción
En su intervención en el seminario de derecho, Salazar Volkmann explicó que, a nivel global, se estima que el costo anual de la corrupción alcanza hasta un 5 % del Producto Interno Bruto mundial.
Además, indicó que en los países en vías de desarrollo, más del 25 % del monto de los contratos se diluye en irregularidades y que un 10 % del costo total de negocios globales se pierde en corrupción.
“Esos recursos perdidos podrían haberse empleado en educación, salud u otros programas que redujeran la pobreza”, explica el representante de la ONU en el país.
La lucha por la transparencia, a juicio de Salazar Volkmann, es indispensable para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, la cual considera el punto de partida del desarrollo de los países.
Otro punto esencial, junto a la corrupción, es la independencia de poderes, dijo el diplomático. Cuando esta se da, explicó, “los frenos y contrapesos ejercen un control de la acción del Estado y previenen abusos de este contra los ciudadanos o contra otros poderes del mismo Estado”.
Para que este modelo de gobernabilidad se pueda consolidar, según Salazar, es necesario fortalecer tres pilares: instituciones eficientes y trasparentes; mecanismos de participación ciudadana; y políticas públicas orientadas al desarrollo humano y el desarrollo sostenible.
Recorrer este camino, sugirió, debería hacerse en memoria de “los millones de latinoamericanos que lucharon contra las dictaduras y a favor de la dignidad humana en la segunda mitad del siglo XX”.
El rol de la OEA
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jean Michel Arrighi, se sumó a las palabras del representante de la ONU, pero aprovechó para afirmar que ha habido avances significativos en la lucha por la institucionalidad en la región, entre los que destacó el sistema electoral y la estabilidad política.
“La tradición en las Américas era el fraude y hoy es la excepción y cuando se produce, la comunidad internacional se entera a los pocos minutos. En esto ha jugado un gran rol la comunidad de observación electoral”, dijo, e ilustró que de 1900 a 1990, en Latinoamérica hubo 180 golpes militares y de 1991 a la actualidad, solo se han dado dos.
“Debemos estar orgullosos de los avances en Estado de Derecho”, dijo Arrighi, pero advirtió que esto no basta. “Ahora hay que consolidar el estado democrático de derecho, porque hasta las dictaduras tienen estado de derecho”.
Esto, explicó Arrighi, significa respetar las reglas del juego y evitar que los gobiernos alteren el orden democrático o abusen de su poder.
Seminario de derecho y desarrollo
Las opiniones de Salazar Volkmann y Arrighi se dieron en el marco del seminario “El derecho como una herramienta para la evolución de los Estados”. Esta jornada académica fue coorganizada por La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Federación Interamericana de Abogados. En esta, respetados juristas disertaron sobre temas de comercio internacional, combate a la corrupción, Estado de Derecho, gobernabilidad democrática y ética en la administración pública.