La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) sostiene que la Asamblea Legislativa está facultada constitucionalmente para devolver el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2017 al Ejecutivo para que le haga las modificaciones respectivas y le incluya los gastos que, a juicio de esa organización, rondan los $808 millones.
“..La Asamblea Legislativa debe devolver el proyecto de Presupuesto General del Estado 2017 al Consejo de Ministros, para que se incluyan todos los gastos omitidos que con certeza se deberán cubrir, o que el Ejecutivo le envíe a la Asamblea Legislativa las modificaciones al proyecto que sean necesarias para cumplir las normas constitucionales que rigen la elaboración y aprobación del mismo”, concluye Fusades.
Lo anterior lo plantea Fusades, tras escuchar las declaraciones de varios de los legisladores que aseguran que es inconstitucional devolver el Plan de Gastos al Gobierno porque la Constitución de la República se los prohibe al establecer el 30 de septiembre como fecha tope para que el Gobierno lo presente a la Asamblea Legislativa.
No obstante, los diputados dicen estar conscientes de que al Presupuesto 2017 le falta varios rubros por cubrir, entre ellos el pago de la deuda de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que para 2017 asciende a $221 millones, aparte de los montos para el escalafón del ramo de Salud y el pago de pensiones en el Instituto de Previsión de la Fuerza Armada (Ipsfa).
“No existe una prohibición constitucional de que el Órgano Ejecutivo pueda presentar a la Asamblea Legislativa modificaciones al proyecto de presupuesto, toda vez que estas puedan ser estudiadas y discutidas y siempre que se haya presentado el proyecto inicial con tres meses de anticipación al final del año fiscal” dice el análisis de Fusades.
Interés político
Más que un argumento jurídico por parte de los legisladores, existe otros tipo de intereses, aduce Fusades.
“Se considera que las argumentaciones contrarias están más influenciadas por intereses políticos de mantener la práctica de presentar presupuestos no transparentes e incompletos que por una motivación jurídica bien estructurada”, plantea en el documento.
De no aprobarse este año el Presupuesto 2017 presentado por el Ejecutivo, automáticamente entraría en vigor el actual de 2016.