Registros de la Policía Nacional Civil revelan que de enero de 2014 a mayo de 2016, han sido decomisados 656 vehículos que llevaban droga escondida en cualquiera de sus partes o en compartimentos especiales, y que 27 autos fueron utilizados por delincuentes para cometer homicidios.
En el caso del trasiego de drogas o sustancias prohibidas no solo furgones y camiones que provienen de países vecinos figuran como los principales sospechosos de transportar ilícitos, también es común en ello el uso de automóviles de uso privado que circulan en cualquier vía de El Salvador.
Este es uno de los principales delitos por los cuales la Policía registra una de las mayores incautaciones de vehículos en el país después de los implicados en accidentes de tránsito, en robo y hurto de automotores.
Uno de los casos se registró el 9 de agosto, en el que la Policía sorprendió a un sujeto quien en el interior de su vehículo trasladaba marihuana, cocaína y varias granadas artesanales.
El procedimiento se realizó sobre la 5a. Calle Oriente en San Salvador, lugar en el que fue detenido Ángel Mauricio Hércules Melgar, de 21 años. Las autoridades no descartan que el detenido es parte de una estructura de pandillas.
Aunque el arrestado podría haber sido obligado o coaccionado a trasladar dicho material por grupos de maras.
En los últimos años, las pandillas han incrementado sus accionar en el narcotráfico, y no solo transportar droga de un sitio a otro, dar seguridad a narcos sino para comercializarla en comunidades y en negocios, según expresan autoridades antinarcóticas.
Como Melgar, otros conductores algunos solos y otros en compañía de dos o más personas han sido detenidos en diferentes retenes policiales.
En algunos casos, las autoridades realizan chequeos de rutina mientras en otros, previo a investigaciones desarrollan operativos por sitios donde tienen información que circulan automotores que transportan droga.
Ligado a asesinatos
Según estadísticas, la Policía ha localizado 27 automotores los cuales han sido sometidos a todo un proceso de investigación por estar implicados en casos de asesinatos (ver nota aparte). Los datos indican que eso sucede por lo menos una vez por mes, por lo menos los que incautan.
Sonsonate lidera decomisos
Las estadísticas generales de decomisos de autos reflejan que la mayoría de incautaciones se registran en Sonsonate (1,500 autos), San Miguel (1,427) y Santa Ana (1,300). De igual forma en puntos cercanos a las fronteras como y Chalatenango (377) y Santa Rosa de Lima en La Unión (294) , entre otros.
Según las autoridades, en estos ilícitos no solo han sido pillados conductores en vehículos sencillos sino en camionetas de lujo.
Como sucedió el 12 de julio en la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, donde el familiar de un empresario fue descubierto que en su vehículo transportaba droga. La PNC le incautó un aproximado de 20 libras de marihuana, valoradas en más de $10 mil.
La droga fue localizada en el interior del automotor, los paquetes venían ocultos en el mismo. El sujeto ingresaba al país procedente del vecino país de Guatemala.
A raíz de estos procedimientos algunos ciudadanos se han quejado del abuso de autoridad, pues dicen que bajo el pretexto de buscar droga, agentes Antinarcóticos han desmantelado vehículos o han amenazado con hacerlo.
Eso sucedió con un equipo de periodistas de un medio digital, en julio de 2014, carretera de Santa Ana a Ahuachapán. Esa vez, los policías dijeron que tenían “órdenes de arriba” de proceder contra ellos. Incluso, uno de los agentes dijo a los periodistas que podían “desmantelar el carro” para buscar drogas o retenerlo 72 horas si no colaboraban. Al final solo les tomaron los datos personales.
Para evitar arbitrariedades o abusos de autoridad, los equipos policiales en determinados operativos se hacen acompañar de perros adiestrados para detectar droga.
Pero independiente de estos casos, los conductores son detenidos y los vehículos decomisados para que formen parte de los procesos judiciales que se entablen en su contra.
Los autos decomisados por la Policía no siempre están en poder del propietario, pues los delincuentes acostumbran robarlos a mano armada o hurtarlos de estacionamientos.
El objetivo es utilizarlos para cometer asesinatos, extorsión o ataques armados a las autoridades tanto en patrullajes como en puestos y delegaciones.
En ciertas circunstancias las autoridades logran detener a los involucrados y en otros los encuentran abandonados. Cuando un implicado es detenido y procesado por uso ilícito de un vehículo, tráfico de droga o tráfico de armas, el recuperar un automotor puede demorar varios meses.
El director de la Policía, Howard Cotto asegura que en los vehículos se buscan evidencias como huellas, proyectiles, armas, objetos o residuos de droga.
“Cuando se halla abandonado un automotor la Policía Científica realiza la investigación, identifica a su propietario y lo pone a la orden de la Fiscalía”, dice Cotto.
El Ministerio Público de forma expedita se comunica con el propietario o la víctima para informarle del hallazgo de su vehículo y le indica los trámites para su recuperación, afirmó la jefa de la Unidad de Hurto y Robo de Vehículo de la Fiscalía, Lucrecia Padilla.
De acuerdo con la Policía, los vehículos son dejados para despistar a las autoridades tras ser detectados o perseguidos.
En última instancia, la decisión de incautar un vehículo depende del criterio técnico del fiscal asignado al caso en una escena, dice el director.
Agregó que la mayoría de los vehículos implicados en delitos forman parte de una escena delictiva.
“Es el fiscal el que determina, este vehículo nos lo vamos a llevar porque podemos encontrar X, Y o Z de pruebas o causas por indagar, además es el fiscal quien lo pone a la orden del juez competente”.
Para la Fiscalía, los vehículos son considerados como un medio para cometer delitos, así como un medio de enriquecimiento ilícito cuando son robados o hurtados.
Tras el decomiso al final del proceso de la investigación, los vehículos son trasladados a predios que están a la orden de la Policía para su resguardo.
Para ese propósito, la PNC dispone de al menos 17 estacionamientos a nivel nacional, lo que le crea un gasto mensual de más de 14 mil dólares.
Estos costos no deberían recaer en la Policía sino en la Corte Suprema de Justicia por estar bajo la orden de los juzgados, reclama Cotto.
Son más de siete mil vehículos decomisados en un poco más de dos años y de los cuales, la mitad ya han sido entregados a sus propietarios.
“Independiente de la razón de incautar un vehículo, el problema que hemos enfrentado y que no hemos podido resolver ha sido la verdadera competencia de su resguardo”, dijo Cotto. .
“Legalmente el depósito es de la Corte y excepciones la Ley deriva ese depósito a la Fiscalía pero nunca a la Policía”, afirmó Cotto.
“Nosotros tenemos los predios y pagamos por ellos, los cuidamos y respondemos cuando a los vehículos se les pierden piezas, lo cual para nosotros es una complicación”, detalla el comisionado.