Trabajadores de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), agremiados al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Aeroportuaria de El Salvador Similares y Conexos (SITIAPES), denunciaron ayer una serie de despidos injustificados de los que han sido víctimas en las últimas semanas por parte de la Cooperativa Acopes de R.L, que trabaja como arrendataria en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
En un comunicado de prensa, el sindicato detalló que Acopes es una cooperativa que inició operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ilopango en la década de los 60 y que, con la apertura del Aeropuerto Internacional de El Salvador, también trasladó sus operaciones para la nueva terminal aérea, donde siempre ha prestado dicho servicio sin someterse a un proceso de licitación competitivo y transparente, actualmente posee un contrato de arrendamiento con CEPA que vence el 31 de diciembre de 2016.
El sindicato denunció que la patronal de Acopes ha despedido a unas 85 personas desde el año 2013, todos estaban sindicalizados, bajo el argumento de finalización de contrato, lo que es totalmente falso ya que la labor que desempeñan los compañeros es de carácter indefinido y, por lo tanto, su contrato debería ser indefinido también.
En los últimos días se han despedido a 9 personas más a pesar de que 6 de ellos están sindicalizados.
Y pese a que ya hay una inspección del Ministerio de Trabajo que señala las irregularidades que supuestamente ha hecho la empresa, el sindicato reclama que las máximas autoridades de CEPA no han hecho nada por terminar el contrato con la Cooperativa, lo que les hace cree que hay una complicidad entre ellos.
Lucha laboral
El secretario general de Sitiapes, Dagoberto Ramírez, destacó que este es solo uno de los muchos problemas laborales que se dan en el Aeropuerto y que tienen que ver con la sindicalización de los empleados.
“Esto se volvió una lucha por el empleo en CEPA y el derecho a la sindicalización”, dijo el representante.
La organización explicó que los problemas laborales se complicaron con la llegada de Nelson Vanegas, como presidente de la institución y de Emérito Velásquez, como gerente general en 2014.
El sindicato señala a los funcionarios como los que han provocado una división en la clase trabajadora en la autónoma y acabarse uno de los poco activos que le genera ingresos al Estado salvadoreño.