El ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, afirmó que los homicidios se han incrementado en noviembre, sobre todo contra los miembros de la Corporación policial y el Ejército, pero aclaró que el año cerraría con menos asesinatos que el año pasado.
En noviembre se han registrado 274 homicidios y del 1 de enero al 17 de noviembre 4,575, lo que arroja una tasa de 70 asesinatos por cada cien mil habitantes, subrayó el ministro.
Ministro de Justicia, Mauricio Ramírez, en canal 12, insiste que tendencia alcista de homicidios se ha detenido con medidas extraordinarias.
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Los criminólogos Carlos Carcach y Ricardo Sosa reconocen esta reducción, pero destacan algunos patrones en las cifras de homicidios.
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“A pesar de que el número de eventos (homicidios) es menor, usted puede apreciar que en los mismos meses de 2015 y 2016 hubo incrementos. Lo que tenemos acá es una caída en el nivel pero la tendencia sigue siendo la misma. Hemos pasado de llegar a un barranco desde un cerro más alto hasta el mismo barranco de una montaña un poquito más baja, pero los patrones mensuales son similares. Eso es lo que uno observa y debe haber una lógica detrás de eso. No puede ser algo totalmente al azar”, dijo Carcach, quien dirige el Centro de Políticas Públicas de la ESEN.
Dr. Carcach: “No veo a futuro cercano que pandillas vayan a finalizar, veo un movimiento territorial de control efectivo de estos grupos”
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Sosa, miembro del observatorio de seguridad, un centro de pensamiento técnico con especialistas en materia de criminología, apuntó que en octubre se registraron 406 homicidios, con un promedio diario de 13.1. Además, dijo que del 1 de enero al 20 de noviembre, hubo 4,854 homicidios con un promedio diario de 14.93.
“Ese es el diario acumulado y luego establezco la reducción comparativamente de 2015 a 2016 que venía de 17.8”, agregó el criminólogo.
Criminólogo Ricardo Sosa: “Este será el segundo año más violento, indica que la verdadera mano dura ha estado con este Gobierno”
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Carcach lamentó que si bien hay reducciones, siempre que se estabilizan los homicidios terminan en un promedio mayor al de las administraciones anteriores. “Pareciera que no importa lo que hagamos, terminamos peor, más enfermos de lo que estábamos”, dijo.
Medidas insuficientes
Según Ramírez Landaverde, en vista de esta alza en la criminalidad, el Gobierno está impulsando el plan Némesis, que busca incrementar las investigaciones apoyados de las tareas de inteligencia para detectar los cabecillas en prisión y en libertad involucrados en ordenar más ataques contra las autoridades.
Entre las medidas que este plan incluye, a fin revertir la criminalidad y las bajas en los cuerpos de seguridad, se establece que los implicados en esos hechos serán capturados y enviados al penal de máxima seguridad, si es que están libres, y los que están presos en cárceles de mediana seguridad serán enviados a Zacatraz.
Ministro de Justicia, Mauricio Ramírez, dice que este año se ha bajado la tasa de homicidios de 94 a 70 por cada 100 mil habitantes.
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Ramírez Landaverde reiteró que algunos grupos de la MS-13 que se han visto afectados en sus finanzas con la Operación Jaque, han reaccionado contra las autoridades para obligar al Gobierno a flexibilizar las medidas extraordinarias que se impulsan desde abril en seis cárceles de presencia de pandillas y con el plan que desmanteló gran parte de la estructura financiera de cierto grupo de cabecillas de ese grupo criminal.
El ministro afirmó que la Operación Jaque no solo puso al descubierto las grandes riquezas y la opulencia en la que vivían algunos cabecillas de la MS-13, sino que agudizó el conflicto interno en las pandillas por las grandes diferencias de sus líderes y sus bases, sobre todo integradas por jóvenes humildes, que dejaron de estudiar y que hacen el trabajo sucio en las comunidades (homicidio, extorsiones, tráfico de droga), mientras viven en condiciones infrahumanas.
Pese a estos planes, Carcach y Sosa criticaron que no hay una verdadera política pública de seguridad capaz de sostenerse en el tiempo y amparada en ciencias criminalísticas.
“Se necesita más análisis, necesitamos entender cómo es que la pandilla funciona, bajo cuál lógica se mueve entre lugares y entre actividades y cómo es que controlan las comunidades donde están. Mientras esto no se conozca, difícilmente se podrá implementar algún plan de seguridad”, dijo el experto de la ESEN.
Por su parte, Sosa opinó que “la solución está en la criminología, pero aquí no se le ha permitido a la ciencia explorar las posibilidades. Yo recomendaría que el Estado genere una política criminal estable. Lo que tenemos es el plan El Salvador Seguro, un plan de desarrollo nacional que como se establece llevaría como mínimo 10 años en su implementación pero no tiene un rumbo de política penal (…). Hay medidas extraordinarias, pero estas son acciones, medidas, y planes pero no es una política”.