Tres representantes de los trabajadores del sector privado denunciaron ayer que la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, está dilatando la aplicación del aumento al salario mínimo con fines políticos, tratando de incluir a sindicatos afines al Gobierno y tratando de aprobar un aumento que se ajuste a la reforma de pensiones que el Gobierno ha impulsado desde hace dos años.
Según Ricardo Soriano, la ministra Guevara se ha enfrascado en aprobar un salario mínimo de $350 porque al conseguirlo, éste convendría a una probable reforma del sistema de pensiones que impulsa el Gobierno. Dicha reforma pretende que los ahorros de pensiones de todos los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos pasen a las arcas del Estado, con lo cual, si el salario se multiplica por dos, más ciudadanos tendrían que entregarle al Gobierno sus ahorros.
“Según la aritmética, multiplican estos dos salarios mínimos y con eso el Gobierno obtiene más dinero”, dijo Soriano en la entrevista de TCS.
Sin embargo la correlación de votos dentro del Consejo logró mayoría para que el aumento solo fuera del 15% por los próximos tres años, en relación a la capacidad de las empresas de pagar un salario más alto.
Y como la Ministra mantiene un rechazo entre los representantes del actual Consejo del Salario Mínimo, ahora se ha dedicado a juramentar a nuevos representantes del sector laboral en el Consejo, para lo cual ha modificado los instructivos de inscripción y los ha vuelto más rígidos, sobre todo para los sindicalistas que no han apoyado las decisiones de la Ministra.
“Ella quiere meter a los sindicatos que son afines al Gobierno para que le aprueben las cosas que quiere en el Consejo”, dijo Soriano. “Lo que ha hecho es politizarlo y no ha buscado puertas de escape para negociar”, agregó.
“El pecado que tenemos es no andar aplaudiéndole al Presidente. Los están enganchando y los quieren confundir en algo que no es cierto”, dijo José Israel Huiza, representante del sector trabajador en la mesa del Consejo Nacional del Salario Mínimo.
En el Consejo están representados dos miembros de la empresa privada (empleadores), dos de los sindicatos (empleados) y tres representantes del Gobierno que tienen que validar lo que acuerden las dos partes anteriores.
El acuerdo entre empleadores y sindicatos se hizo el 1 de junio pasado. En el Consejo los votos a favor fueron 4 y los que estaban en contra fueron 3 por lo que el Gobierno solo debía validar la decisión.
Pero, al contrario la funcionaria dijo que observaría el decreto y enviaría sus observaciones sin que hasta ahora tengan esa respuesta.
“No ha devuelto el decreto. Ni lo veta ni lo envía con observaciones”, se quejó.
Consejo Superior del Trabajo
Estos problemas laborales podrían haberse resuelto dentro del Consejo Superior del Trabajo, pero esta entidad también está acéfala desde hace cuatro años, por los mismos inconvenientes para nombrar a los representantes sindicales.
Soriano explicó que en una votación laboral, 33 sindicatos ganaron contra 9 que no estaban de acuerdo en su representación laboral. Pero aún así la ministra no ha querido certificar esta representación y así han pasado varios años sin ninguna solución.
“Esta es una violación total a la libertad sindical”, señaló Huiza.
Por su parte, José René Pérez aseguró que todas las leyes que se relacionan con el aspecto laboral tienen que verse ahí.
Agregó que hoy día se está buscando liquidar a los sindicatos privados y darle más prioridad a sindicatos municipales y públicos que estén a favor del Gobierno.
“La Ministra ha buscado los mecanismos para tener una mayoría de sindicatos afines”.
Los representantes sindicales ya pusieron demandas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya tiene en estudio todas las quejas que han presentado.
Mientras tanto la funcionaria asegura que todas sus acciones son para ampliar la representación sindical y que no puede aprobar la propuesta de aumento al salario mínimo de los trabajadores porque ésta no va de acuerdo con el nivel de gasto de los salvadoreños. Los sindicalistas, en cambio, aseguran que la propuesta presentada era técnica y buscaba conservar la estabilidad laboral mientras que la de la Ministra es política.