La extensión de finiquitos exprés, como los que se dieron a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, ahora son cosas del pasado, pues ayer la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y le quitó esa y otras facultades al titular de la Contraloría.
Paralelamente a la elección de Rodrigo Antonio Barahona, Nolberto Osmín Cruza y Yamilet Cruz Pineda como magistrados, los diputados de la Comisión de Hacienda acordaron acabar con el “presidencialismo” en la Corte de Cuentas, para que las decisiones se tomen colegiadamente o por mayoría simple.
“Corresponde a la Corte librar ejecutorias en los juicios de cuentas y extender finiquitos”, reza la reforma al artículo 93 de la ley de la Corte de Cuentas en su inciso primero, con el cual le quitan esa potestad al presidente de la institución de conceder ese beneficio a quien él decida de manera arbitraria.
“Este día lo que exigíamos era que se quitara el presidencialismo y ahora ya no van a haber finiquitos exprés como el que le dieron a varios expresidentes que salieron, como (Mauricio) Funes que al día siguiente ya tenía su finiquito; eso ya no puede existir porque eso estaba en la decisión de una sola persona, hoy tiene que haber una decisión colegiada”, explicó la diputada de ARENA, Milena Calderón de Escalón.
En el caso de Funes, el finiquito lo obtuvo de parte de Rosalío Tóchez Zavaleta cuando fungió como presidente de la Contraloría. Otro expresidente que obtuvo un finiquito exprés fue Antonio Saca, quien lo recibió a pocos días de concluir su periodo presidencial de manos del entonces titular de la CCR, Hernán Contreras.
Actualmente, ambos exmandatarios son investigados por la Fiscalía y procesados por presunto enriquecimiento ilícito. Saca se encuentra en la cárcel y es procesado penalmente, mientras que Funes se encuentra asilado en Nicaragua.
Con la reformas aprobadas ayer por la mayoría de los diputados se establece que en adelante todas las decisiones tienen que ser avaladas por los tres magistrados o por mayoría de dos votos, aunque el titular seguirá siendo el representante legal de la Corte.
“El Presidente y los Magistrados de la Corte nombrarán, removerán, concederán licencia y aceptarán renuncias a los funcionarios de la misma”, reza la reforma al artículo 7 en la que también facultan a la Corte a contratar personal de forma temporal, algo que era atribución solo del titular.
Además, los informes de auditoría serán suscritos por los tres magistrados y en adelante la Corte deberá elaborar su proyecto anual de presupuesto atendiendo las políticas y procedimientos del Ministerio de Hacienda.