Elección de magistrado es declarada ilegal por la CSJ

Sala de lo Constitucional señala que el suplente Ricardo Iglesias tiene vínculo con el FMLN.

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San Salvador, viernes 29 de abril de 2016. Ricardo Iglesias, magistrado suplente de la CSJ. El magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia CSJ y asesor del FMLN en la Asamblea Legislativa, Ricardo Alberto Iglesias Reyes, admite que trabaja para el partido oficial y que lo represent??? incluso en las elecciones 2012. Foto EDH Jorge Reyes / Foto Por Jorge Reyes

Por Rafael Mendoza López

2016-11-25 10:00:00

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ayer inconstitucional la elección del magistrado suplente de ese órgano de Estado, Ricardo Alberto Iglesias Herrera, debido a su “vinculación material” con el partido FMLN, del que es asesor legal en la Asamblea Legislativa.

La sentencia advierte que el nombramiento de Iglesias como magistrado suplente vulnera “el principio de independencia judicial”, que establece el Artículo 218 de la Constitución de la República, así como el principio de la democracia representativa. 

“La Sala estableció en su sentencia que la vinculación material del abogado Iglesias Herrera con el partido FMLN es un hecho público y notorio pues ha sido él mismo quien ha aceptado tal circunstancia; en ese sentido, dicho abogado poseía un vínculo material de índole jurídico-laboral de supra-subordinación y de dependencia con dicho instituto político”, señala el fallo del máximo tribunal.

Además de que está consignado en el portal de Transparencia de la Asamblea, Iglesias Herrera ha reconocido que es asesor de la bancada del partido en el gobierno en el Congreso. Sin embargo, al ser consultado sostuvo en su momento que “en lo personal no estoy afiliado a ningún partido político, y puede preguntarle a cualquiera”. Dijo, además, haber actuado de forma independiente.

La sentencia, firmada por los magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Sonia Barillas de Segovia, ordena a la Asamblea Legislativa que elija a un nuevo magistrado suplente en sustitución de Iglesias, basándose en el listado de aspirantes presentado por el Consejo Nacional de la Judicatura para 2012-2021.

La Sala también incluye que dicho fallo tiene “efectos a futuro, de modo que en lo sucesivo la Asamblea Legislativa no podrá integrar la CSJ o cualquier órgano o institución que ejerza atribuciones de control del poder político, con personas que posean una vinculación objetiva o material (relación de dependencia y subordinación) comprobada con partidos políticos, siendo tal circunstancia un motivo de inelegibilidad de los mismos que pone en riesgo su independencia”. 

Para no afectar el trabajo judicial, la Sala advierte en la sentencia que todos los actos jurídicos y resoluciones en los que participó el magistrado Iglesias Herrera siguen teniendo validez. 

Los magistrados resuelven dicha inconstitucionalidad a partir de una demanda presentada en mayo pasado por el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza, que pedía impugnar parcialmente el artículo 2 del decreto legislativo número 101 del 21 de agosto de 2012 en donde figura Iglesias Herrera. 

El argumento de la demanda radicaba en que la elección del magistrado suplente vulneraba el principio de independencia judicial.  

Aferrado a dos cargos

Iglesias Herrera, además del cargo que desempeñaba como magistrado suplente de la CSJ, era asesor de la bancada efemelenista en la Asamblea, por el cual devenga un salario mensual de $3,000, tal como lo detalla el portal de transparencia del Congreso.

Pero además de asesor legislativo de la bancada de gobierno, Iglesias Herrera ha fungido como presidente de la Junta Electoral Departamental (JED) de San Salvador en las elecciones para alcaldes y diputados 2012-2015, propuesto por un partido político como lo manda el Código Electoral, en este caso el FMLN.

La Sala de lo Constitucional ha sentado precedentes en otras entidades de administración de justicia como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas y la misma CSJ, al dejar claro que no deben ser integrados por militantes o personas vinculadas a partidos políticos, algo que pone en riesgo su independencia e imparcialidad, advirtió el máximo tribunal de justicia en su momento.

Este argumento sigue siendo parte medular de las sentencias de la Sala en demandas contra funcionarios como ha sucedido en varias ocasiones con la Corte de Cuentas, institución que apenas ayer ha estrenado presidente tras cuatro meses de acefalía porque la Sala invalidó a los tres magistrados electos en 2012.