A un año y cuatro meses de las elecciones municipales y legislativas de 2018, el principal reto señalado tanto por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como por organizaciones de la sociedad civil y partidos, es la falta de financiamiento al Plan General de Elecciones (Plagel), el cual se encuentra en sus últimas etapas de elaboración.
Pese a que las elecciones se realizarán hasta en 2018, gran parte de la logística del evento electoral y la capacitación de quienes estarán a cargo del conteo y la transmisión de los resultados deberá hacerse el año próximo, por lo que el TSE ha urgido a Hacienda un presupuesto especial de $13 millones.
Parte de la justificación para pedir ese monto es que, a raíz de los recientes cambios en la modalidad del voto para diputados, debe contarse con el personal capacitado y la tecnología apropiada para dar confianza a los comicios, según han afirmado en diversas ocasiones los magistrados del organismo electoral.
Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2017, no se han incluido los fondos solicitados por el TSE.
Esto, según el magistrado Fernando Argüello, constituye un riesgo para el buen desarrollo del proceso electoral, pues a raíz de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, los miembros de los Organismos Electorales Temporales (OET) no podrán ser miembros de partidos.
Es decir, cerca de 150 mil personas deberán ser capacitadas en las nuevas modalidades electorales. Pero sin estos fondos, advirtió Argüello, puede haber un atraso en la capacitación de estos ciudadanos que deberán resguardar la integridad del proceso electoral.
El pasado 7 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó que los miembros de estos organismos electorales temporales sean propuestos por los partidos políticos, pero no podrán ser militantes de los mismos.
Los magistrados del TSE han señalado que necesitan los recursos a más tardar en marzo de 2017, pues eso les da un año para toda la planificación, contratación de servicios a terceros y capacitación de los OET.
Asimismo, el Tribunal necesita recursos para llevar a cabo su campaña de concienciación a los jóvenes para que tramiten su Documento Único de Identidad y puedan ejercer el sufragio.
Esta preocupación es compartida por organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que la calidad de la democracia se puede ver en riesgo si no se asignan a tiempo los fondos necesarios para el evento electoral.
“Estamos en un momento de crisis fiscal porque no hay recursos, pero el acuerdo al que lleguen los partidos (sobre el presupuesto 2017) debe incluir los fondos necesarios que pide el Tribunal para celebrar elecciones”, dijo Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Por su parte, Rómulo Rivas Blanco, del Movimiento Independiente por una Reforma Electoral (MIRE), consideró que de no darle al TSE los fondos que ha solicitado, el Gobierno sería el responsable de posibles problemas en los comicios.
Los partidos ARENA, GANA y PDC han cuestionado este vacío en el proyecto de presupuesto 2017 e incluso han sugerido que este vuelva al Ejecutivo para ser reformado.
El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, advirtió que la no asignación de recursos puede incluso llegar a entrampar el proceso electoral.
Guadalupe Vásquez, diputado de GANA, dijo que no votarían por el presupuesto si no se incluye esa asignación especial a la autoridad electoral
Sin embargo, el FMLN se resiste a reformar el plan de ingresos y egresos del Estado. Norma Guevara, jefa de fracción de este partido, ha dicho que es imposible regresar el proyecto al gobierno y que si no se aprueba lo propuesto, se deberá operar con el mismo presupuesto de 2016.
Suplentes y otros desafíos
Además de la urgencia por los fondos, hay temas pendientes de resolver previo a los comicios como la elección de los diputados suplentes, puesto que en julio pasado la Sala de lo Constitucional anuló la elección de estos por carecer de legitimidad democrática, puesto que nadie votó por ellos.
A quince meses de las elecciones aún no se ha definido el procedimiento para la elección de suplentes y si esto implica que se debe hacer una elección aparte para ellos o si basta con incluir su nombre y fotografía en la papeleta para cumplir con el fallo judicial.
Ulises Rivas, magistrado del TSE, aseguró que es necesario llegar a un acuerdo con la Asamblea Legislativa para determinar la forma de elegir a los suplentes, ya que no ve factible entregar una papeleta con los rostros de estos porque sería demasiado grande y las caras de los candidatos no resultarían muy visibles.
A su juicio, la propuesta más viable es colocar en la papeleta, junto a la fotografía del candidato a propietario, “nombre y número de los candidatos suplentes y trabajar en campañas para que los ciudadanos los identifiquen, porque si entregamos papeleta con rostros, muchas personas no los van a identificar porque la fotografía sería muy pequeña”, manifestó Rivas.
Otro tema importante para el desarrollo de las elecciones 2015 es la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, una deuda pendiente de estos últimos que se han negado a revelar en detalle el origen de sus recursos y el uso que han hechos a los mismos.
Tras una sentencia de la Sala de lo Constitucional que anuló parte de la Ley de Partidos Políticos (LPP) por omitir la exigencia de hacer transparentes las finanzas partidarias, ha habido resistencia a legislar cumpliendo el espíritu completo de la sentencia y han dejado limitaciones a este derecho.
Los partidos han establecido que cuando se les solicite información de sus donantes se pida a estos una autorización previa, algo que fue anulado por la Sala.
Amparado en esta facultad de solicitar información a partidos, un grupo de ciudadanos pidió a estos un reporte del origen del dinero recibido para las elecciones de 2015 y el uso que dieron al mismo.
Dado a que ningún partido dio la información completa, deberán pagar una multa en conjunto de $25,671.40, impuesta por el TSE.
A raíz del incumplimiento, el pasado 26 de septiembre, la Sala de lo Constitucional ordenó suspender el financiamiento público, o deuda política, a los partidos que no cumplan con revelar toda la información de sus donantes. El plazo límite es el 31 de diciembre de este año.
En un documento reciente, Fusades lamentó que el TSE no obligara a los partidos a publicar un informe detallado del origen de su dinero y llamó a la autoridad electoral a revisar las sanciones impuestas, para que sean ejemplarizantes.
Asimismo, el tanque de pensamiento pidió que el TSE se encargue de la fiscalización y auditoría del dinero que se mueve en política, a fin de darle transparencia y confianza al sistema de partidos.
Finalmente, a raíz de otro fallo judicial, los partidos políticos deberán realizar elecciones primarias entre su militancia para elegir a los candidatos que se presentarán a las elecciones de marzo de 2018.
Las primarias deberán realizarse a más tardar agosto de 2017, pues las planillas deben presentarse al Tribunal Electoral dos meses antes de la convocatoria de elecciones, prevista para el 4 de octubre.
Acelerados cambios electorales
Desde julio de 2010, a raíz de sentencias judiciales y del involucramiento de organizaciones de sociedad civil, el sistema electoral y de partidos políticos de El Salvador ha sufrido cambios importantes, tales como el voto por cara, el voto cruzado, el voto en el exterior y los concejos municipales plurales entre otros.
Pese a que la Sala de lo Constitucional ha ordenado al Congreso legislar sobre temas electorales, en diversas ocasiones este último órgano de Estado ha retrasado las decisiones, causando complicaciones en las elecciones, como ocurrió en 2015, donde los atrasos en legislar la modalidad de voto cruzado llevaron a fallos en la tecnología contratada y unos comicios controversiales.
Además de los cambios ya realizados, aún existen reformas pendientes de discutirse y que podrían acercar aún más al elector con sus representantes y dotar de más transparencia al sistema electoral y de partidos políticos (ver infografía aparte).
Entre estas, se encuentra la extensión del voto en el exterior a comicios legislativos y municipales, el voto por rostro en las elecciones de alcaldes y ampliar las candidaturas independientes.