Las más de 14,019 personas asesinadas, el incremento de las extorsiones según denuncias de empresarios y comerciantes, el éxodo de familias por amenazas de las pandillas, el aumento de la migración de niños y jóvenes a Estados Unidos y los territorios bajo el asedio de esos grupos ilegales son algunos indicadores que reflejan el fracaso de los planes y estrategias de seguridad pública al cumplirse la mitad del período presidencial de Salvador Sánchez Cerén, a pesar de haber recibido una mayor cantidad de fondos para ese rubro.
En su discurso de toma de posesión, el mandatario prometió llevar seguridad y tranquilidad a todos los rincones del país, lo que ha quedado como promesa no cumplida.
“Vamos a fortalecer las instituciones que tienen el mandato constitucional de prevenir, combatir y castigar el crimen, y juntos garantizaremos la paz en cada uno de los territorios”, dijo Sánchez Cerén al asumir la Presidencia de la República, el 1 de junio del 2014.
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Planes como El Salvador Seguro y medidas como la Policía Comunitaria, los batallones especiales antipandillas, las “medidas extraordinarias” en el sistema carcelario y el último plan denominado Némesis no han sido lo suficientemente efectivos como para frenar el embate de la violencia, en su mayoría atribuida a las pandillas, y que ha superado la fatídica cifra de los 6,600 asesinatos en un año (2015).
Según analistas de seguridad, el Gobierno tampoco ha logrado que las fuerzas de seguridad recuperen aquellos territorios que, suponen, están bajo el asedio y fuerte presencia de esos grupos criminales que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró en agosto del 2015 como terroristas.
Más de 14 mil muertes desde junio de 2014
En la primera mitad del periodo presidencial de Salvador Sánchez Cerén, la violencia criminal causó la muerte de 14,019 personas, uno de los períodos más violentos en la historia del país. Este año se perfila como el segundo año con mayor violencia.
Una muestra clara de que la criminalidad se ha extendido a todos los rincones del territorio salvadoreño es que en los últimos dos años ningún municipio del país ha escapado a los embates de la violencia, en especial aquella causada por las pandillas, según consta en los registros oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por ejemplo, en el 2015 solo 11 municipios no tuvieron asesinatos en sus jurisdicciones y un año antes, en el 2014, los poblados que no reportaron homicidios ascendieron a veintitrés.
Pero las poblaciones que no registraron hechos de violencia en el 2014, no son las mismas que las que estuvieron libres de criminalidad en el 2015. Es decir, todos los municipios que no tuvieron asesinatos en el 2015, registraron al menos un crimen en el 2014.
Un estudio de la Policía reveló que la expansión territorial de las pandillas tuvo un crecimiento acelerado entre el 2010 y el 2015. En el 2010, esos grupos tenían presencia en 56 municipios, es decir, el 21 por ciento del territorio nacional. Cinco años después, en 2015, esa extensión subió al 85 por ciento, es decir que existe presencia pandilleril en 224 de los 262 municipios del país.
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En sus primeros siete meses, el gobierno de Sánchez Cerén registró 2,463 asesinatos, de los 3,942 que se registraron en ese año. En el 2015, la violencia criminal alcanzó su máxima expresión. En ese año se cometieron 6,656 homicidios y hubo meses, como agosto, con 918 homicidios, una cifra sin precedentes en la historia reciente de El Salvador, después del conflicto armado.
El promedio alcanzó los 18 asesinatos por día y la tasa llegó a 105 homicidios por cada 100,000 habitantes, convirtiendo al país en el más violento del mundo en 2015.
Aun cuando las autoridades de Seguridad Pública aseguren que las medidas extraordinarias han logrado reducir el número de homicidios, lo cierto es que este año se presta a ser el segundo año más violento en la historia reciente de El Salvador.
La violencia se ha profundizado tanto en los últimos tres años que hasta las mismas autoridades de seguridad pública han sufrido en carne propia ese flagelo.
Los registros de la Fiscalía y Policía dan cuenta de que 147 policías o empleados de esa corporación han sido asesinados por las pandillas o han muerto en enfrentamientos con esos grupos entre el 2014 y el transcurso de este año.
Y no menos de 40 militares fueron asesinados o murieron en tiroteos con las pandillas entre el 2015 y lo que va de este año, según cifras del Ministerio de Defensa.
Los grupos de pandillas que anteriormente asediaban en las colonias o comunidades urbanas se han desplazado a las zonas rurales, donde con frecuencia se registran choques armados con policías y soldados. En los dos últimos años, según los registros de la Policía estos enfrentamientos , han dejado no menos de 1,038 pandilleros muertos y cientos de detenidos. En 2016 se ha registrado un incremento de estos encuentros.
Extorsiones siguen creciendo, según Fusades
A pesar de que las medidas extraordinarias en marcha desde abril pasado tienen como propósito reducir las extorsiones, estas han ido en aumento, según una encuesta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) divulgada en septiembre pasado.
Los resultados de la encuesta detallan que el 23.7 % de las medianas empresas encuestadas expresó ser víctima de extorsión. Por su parte, el 17.9% de la gran empresa dijo sufrir este delito, según cifras al segundo trimestre de 2016.
Ortiz dice que van por rumbo correcto
Pese a que los resultados de las estrategias de seguridad impulsadas por las autoridades de seguridad no son tan halagadores o esperanzadores, funcionarios como el vicepresidente Óscar Ortíz mantienen un discurso triunfalista al señalar que van por el rumbo correcto en el combate a la criminalidad.
“Vamos por el camino correcto, estamos dando resultados con las medidas extraordinarias. Creemos que esta ruta va seguir generando mejores condiciones para golpear estratégicamente a las estructuras criminales”, dijo Ortiz durante una conferencia de prensa a principios de este mes.
Por otra parte, los desplazamientos forzados de decenas de familias que abandonan sus viviendas o apartamentos de forma apresurada por amenazas de las pandillas son un fenómeno que las autoridades de Seguridad Pública no han logrado detener.
A juicio de analistas de seguridad, eso se debe al escaso control que tienen las autoridades de la Policía en sectores con fuerte presencia de pandillas. Consideran importante que las autoridades de Seguridad puedan recuperar el control en esas zonas asediadas por las pandillas y luego se impulsen ahí programas sociales y de prevención de la violencia para beneficio de los jóvenes en riesgo.
El acoso de las pandillas a jóvenes y niños ha provocado que muchos padres que residen en Estados Unidos se hayan atrevido a pagar miles de dólares para mandar a traer a sus hijos menores para llevarlos de forma ilegal y bajo muchos riesgos a Estados Unidos. Las cifras de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detallan que 17,512 menores salvadoreños fueron hallados solos o abandonados en zonas de alto riesgo en los pasos fronterizos con México. El año pasado, 9 mil 389 menores o niños salvadoreños fueron detenidos ahí.
Además, hubo 27,114 grupos familiares de salvadoreños, con al menos un adulto y un niño, que fueron detenidos en las líneas fronterizas de Estados Unidos.
Aunque las autoridades salvadoreñas no quieren aceptar que la violencia y el acoso de pandillas son las principales causas de la migración de niños y menores a EE.UU., representantes de diversos organismos internacionales han señalado que una de las principales causas de la emigración infantil y juvenil es la falta de seguridad que pone en riesgo a estos grupos.