Dos años antes de que se pagaran $108.5 millones a la empresa Astaldi pese a que dejó abandonados los trabajos de la represa El Chaparral, el ex coordinador de proyectos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Jaime Contreras, ya había advertido que no era legítimo ese pago.
No obstante, la CEL pidió un “arreglo directo” a la empresa italiana y pagó la cantidad, durante el gobierno de Mauricio Funes.
En 2010 Astaldi dejó abandonados los trabajos de la represa alegando “imprevistos imprevisibles” o fallas en el sitio de la construcción.
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El funcionario también objetó los criterios con los que la empresa estaba manejando las supuestas fallas encontradas en el sitio donde se construía la central en el municipio de San Luis de La Reina, San Miguel.
El problema surgió cuando tiempo después de iniciar las obras, la empresa alegó “imprevistos imprevisibles” en la geografía del terreno e incluso afirmó que la montaña aledaña se había “movido” luego de una fuerte tormenta que azotó el país.
En ese momento inicia un tira y encoje entre la autónoma y la empresa para intentar superar el impasse y que Astaldi continuara con la edificación de la represa, pero al final devino en un polémico “arreglo directo”, es decir un pago extra por una obra inacabada. La autónoma hizo el pago y cerró el contrato en julio de 2012, luego del proceso de “Arreglo Directo” entre ambas partes, pese a que la obra sólo tenía un 29.29% de avance.
Contreras, que luego ejerció el cargo de director ejecutivo de la CEL, en varias ocasiones respondió cartas al apoderado general de Astaldi SpA, Mario Pieragostini y, en una misiva con fecha de 12 de agosto de 2010, dejó claro que nunca existió evidencia sobre los reclamos que la firma italiana hacía sobre la margen derecha de la montaña del proyecto y que nunca se sustentó de forma técnica el argumento de que existía “una falla geológica” sobre la zona de construcción.
Esto tenía relación con el hecho de que en agosto de 2010, y luego de 19 meses de que inició la obra, Astaldi SpA no había entregado los diseños detallados de la obra, otro aspecto que también recordó Contreras en la correspondencia entre CEL y el contratista.
“En relación con el monitoreo en la zona el contratista deberá analizar los datos que sean útiles y necesarios para la elaboración del diseño detallado de las obras, ya que dicha tarea forma parte de las obligaciones contractuales de Astaldi. No omitimos manifestarles que a 19 meses de haberse dado la orden de inicio los diseños aún no han sido finalizados”, advirtió.
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Por ello, en la carta Contreras le reiteró al contratista de CEL que para seguir con El Chaparral era urgente presentar “un planteamiento definitivo” del diseño detallado de la presa antes de seguir con cuestionamientos que pretendían pagos adicionales. Incluso se recordó que el contrato era bajo la modalidad “llave en mano” y que no permitía orden de cambio porque se fijó el costo del proyecto hidroeléctrico en $219 millones.
La carta de Contreras forma parte de los anexos al informe que hizo el consorcio supervisor de El Chaparral Euroestudios-Ingetec titulado “Informe General de la Margen Derecha”, el cual concluye que no hubo argumentos que demostraran el movimiento de todo el macizo de la margen derecha y recomiendan a CEL que Astaldi SpA le presente “de inmediato” un planteamiento completo de diseño de la presa para no incumplir con los plazos contractuales.
En el mismo expediente también hay una presentación a la junta directiva de CEL en julio de 2010, donde Euroestudios-Ingetec deja claro que Astaldi SpA, desde que inició la obra en 2008, excavó el estribo (margen) derecha sin un patrón de soporte.
“Las excavaciones han sido ejecutadas como exploratorias, provisionales y sin control”, enfatiza el documento planteado ante la junta.
Hay que recordar que en el transcurso de la ejecución de la obra la constructora italiana y el asocio supervisor mantenían comunicació, a través de una serie de cartas donde se plantean aspectos técnicos que nunca fueron corregidos por el contratista de CEL y que desembocarían en un desconocimiento “de facto” del rol que juega la supervisión en un proyecto de gran envergadura.
En una primera misiva se advierte de la necesidad de un diseño detallado, ya que CEL solo había entregado un documento básico con el cual la constructora debía iniciar los trabajos, algo ya contemplado en el contrato llave en mano (sin cambios).
Incluso, un 17 de agosto de 2009 los supervisores le indicaban a Lucchini que Astaldi SpA no había efectuado el análisis de estabilidad de la montaña para iniciar las excavaciones, además de que no se tenía previsto la instalación de elementos de soporte ante “posibles inestabilidades” y que estos trabajos se habían desarrollado sin un programa, lo que conllevaba obras esporádicas sin una secuencia organizada.
Estos hechos, recordados por Contreras en su carta, llevaron a CEL a concluir que los reclamos presentados por Astaldi SpA no son procedentes porque no cuentan con los sustentos técnicos.
“No demuestran hasta la fecha la concurrencia de razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito, por lo que deben de continuar con el desarrollo de la obra para no incumplir con los plazos contractuales”, reza la misiva.
Es de destacar que cuando el expresidente Mauricio Funes informó en octubre de 2013 que se le pagó $108.5 millones a Astaldi SpA, bajo el argumento de que se cerraba el contrato llave en mano con un 38% de avance, CEL ya tenía definido con supervisores internos que solo se construyó el 29.29% de la presa El Chaparral, un proyecto público que aún sigue bajo la investigación de la Fiscalía General de la República, aunque ha sido retomado por la actual administración de CEL, presidida por David López.
Dicha cifra se constató en varias ocasiones en el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones, presentado a la Junta Directiva de CEL en septiembre de 2012.
Dentro de la negociación entre ambas partes se hizo una sobreestimación de un 8.71%, ya que según el mismo arreglo directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana el valor a julio de 2012 de la central inconclusa era de un 38%, lo cual utilizaron como base para pagar $28.7 millones extra.
El arreglo directo fue firmado en julio de 2012 por Pieragostini y el entonces titular de CEL, José Leopoldo Samour.
Hoy CEL ha retomado el proyecto de la presa bajo una nueva modalidad de múltiples contratos.
Según información consignada en el portal de transparencia de la CEL, los contratos otorgados por la institución autónoma para seguir con la megaobra suman $106.5 millones, todos financiados por el BCIE.