El anteproyecto de reformas a la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito que actualmente estudian los diputados es inconstitucional.
Así lo sostiene la La Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los Trabajadores (Fedecrédito).
El presidente de Fedecrédito, Macario Rosales, aseguró que el anteproyecto viola los artículos 2, 7 y 114 de la Constitución de la República.
Rosales añadió que es improcedente que los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y crédito sean supervisados por la Superintendencia de Sociedades Mercantiles.
“Nosotros creemos que la reforma que se pretende impulsar es inconstitucional, ya que en lugar de fomentar el desarrollo de las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, creemos que atenta contra el movimiento”, dijo Rosales.
“No decimos ‘no a la supervisión de la Superintendencia’, sino que la reforma, tal como está planteada, es inconstitucional”, dijo Rosales.
Según la reforma, quedarían sujetas a la regulación de la Ley las cooperativas de ahorro y crédito cuando la suma de sus activos o depósitos y aportaciones excedan de $10 millones. Sobre este punto, Rosales dijo que no ha existido un análisis técnico para definir el referido umbral y que esta circunstancia colocaría a muchas cooperativas de ahorro y crédito en una situación de insostenibilidad financiera.
Por tanto, Fedecrédito solicita que “se mantenga el límite de 600 millones de colones, establecido en el artículo 2 literal a.2 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, cantidad que con las actualizaciones realizadas a la fecha asciende a $92.8 millones”.
Fedecrédito también propone que “toda cooperativa de ahorro y crédito que se encuentra bajo este límite quede sujeta a la supervisión de su respectiva Federación, por contar estas con la especialización financiera y ser propiciadoras de la integración y consolidación de un Sistema Cooperativo exitoso, de larga trayectoria histórica y alta incidencia en el desarrollo de la economía nacional”.
En el posicionamiento de Fedecrédito también agrega que “es improcedente que se delegue la facultad de supervisar a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la cual además de carecer de especialización técnica para realizar una supervisión ampliada del ente supervisor del sistema financiero, no tiene más facultades que las que la ley le ha otorgado en los artículos 362 romano IV y 363 del Código de Comercio y en la Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, en cumplimiento al principio de legalidad administrativa establecida en el artículo 86 de la Constitución de la República de El Salvador, que dispone que los funcionarios no tienen más facultades que las establecidas por la ley”.
También argumenta que en apego al principio de Reserva de Ley y al artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, el Comité de Normas del Banco Central de Reservas de El Salvador no tiene potestad para otorgar a través de normas técnicas facultad legal a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, para supervisas a las cooperativas de ahorro y crédito.
El presidente de Fedecrédito explicó que lo que solicitan a la Asamblea Legislativa es que las observaciones que presentan sobre las reformas sean consideradas y requieren una participación activa en el análisis del impacto de dichas reformas.
SSF: No hay riesgo
Silvia Margarita Arias, asesora financiera de la SSF, sostuvo que la reforma no representa ningún riesgo para las cooperativas, y que al contrario sería un respaldo.
Arias dijo que las reservas que tienen las cooperativas con las reformas se deben más a “temor al cambio”.
“El proyecto no tiene más que beneficios para las cooperativas, como para los asociados, porque el que exista un proceso de supervisión estatal detrás del desarrollo de las operaciones de las cooperativas necesariamente implica mayor garantía para los depósitos y para los aportes de capital que cada asociado está haciendo”, añadió la funcionaria.
Según los datos de la SSF son 73 cooperativas las que entrarían a ser reguladas con estas reformas que actualmente están en la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Estas entidades suman en total más de $2,200 millones de activos y más de un millón de asociados.
Arias agregó que estudiarán el planteamiento de Fedecrédito y que como SSF se sienten satisfechos de que la Comisión Financiera le esté dando el tiempo suficiente de escuchar a los diferentes sectores sobre las reformas que se pretenden, ya que lo que buscan es un beneficio y no poner en riesgo a las cooperativas.