Pese a las sugerencias para el gobierno de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir gastos, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó ayer el anteproyecto de Presupuesto para 2017 por un monto de $4,957.8 millones, que incluye $97 millones más que el de 2016 para el pago de salarios y servicios.
De ese monto extra, $45 millones corresponden especificamente al pago de sueldos de empleados públicos, el resto sería para el rubo de bienes y servicios.
En total, el presupuesto 2017 contempla una erogación de $1,785.7 millones para pagar salarios, que significa el 22% del monto global del plan de gasto anual.
Esto, según Cáceres, lo compensa el recorte de bienes y servicios en un 17.6% que equivale a $79.3 millones, ya que para 2016 se aprobaron $450.2 millones y para 2017 proponen $370.9 millones.
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“Aunque tiene un leve incremento de $97 millones hemos logrado hacer reducciones en gasto corriente, sobre todo en las adquisiciones. El calculo presupuestario se ha hecho sobre la tasa de crecimiento real del 2.3% de la economía, sabemos que hay una delicada situación financiera y fiscal, pero esto es lo que más se ajusta a las necesidades del Estado”, justificó el ministro.
Pese a esto, hay áreas clave como seguridad pública, educación y salud que experimentan reducciones de $9.4 millones, $300 mil y $3 millones, respectivamente, aunque Cáceres aseguró que esto se compensa con los $150 millones de la Contribución Especial a la Seguridad (CES) y con los préstamos para mejorar escuelas y la construcción de hospitales.
Un aspecto clave que revela el anteproyecto de presupuesto es que Hacienda espera recaudar $10.4 millones menos de ingresos tributarios en 2017. Para Cáceres se debe a que existen “altos niveles de evasión fiscal”, que no permite que la cifra de recaudación aumente hasta el 18% del Producto Interno Bruto (PIB).
“El presupuesto no se logrará financiar solo con los ingresos; se esperan desembolsos por $245 millones para costear diferentes necesidades, más $237.5 millones que llegarán por la vía de contribuciones especiales, por eso es importante tener más recaudación para depender lo menos posible de la deuda”, insistió Cáceres.
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Subsidios a la baja
Un tema sensible para la población es el que se relaciona con el dinero que subsidia el gobierno central para reducir el costo del agua, gas propano y transporte.
Según el documento que presentó ayer Cáceres, hay una disminución de $18.2 millones en las transferencias corrientes del Estado y no queda claro, en el caso de la energía eléctrica, si se mantendrá el actual esquema donde la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) asume un gasto de casi $170 millones al año, lo cual le genera presión sobre sus finanzas.
“Los subsidios han bajado pero porque el gobierno está haciendo una reorientación a través del Ministerio de Economía. Queremos dejar claro que la disminución en este punto no afectará a las familias más necesitadas”, afirmó Cáceres.
A inicios de septiembre el gobierno confirmó, a través de Economía, un drástico recorte en el subsidio a la tarifa eléctrica de 148,343 usuarios, quienes tendrán que pagar entre $6 y $8 más por el servicio.
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En relación a la inversión pública y a la construcción de obras de infraestructura, el presupuesto contempla un leve aumento de $31 millones, sobre todo por la continuación de la presa El Chaparral a un costo de $110 millones, la ampliación de la carretera El Litoral por $11.9 millones y la construcción de un nuevo hospital regional en San Miguel por $28.6 millones, entre otros proyectos de diferentes carteras estatales.
A nivel general, el presupuesto estará distribuido de la siguiente manera: $58.2 millones para la Asamblea Legislativa (aprobado el jueves en sesión plenaria), $267.6 millones solicitados por el Órgano Judicial, $40.9 millones para la Corte de Cuentas de la República y $2,878.2 millones para el Órgano Ejecutivo.
Por otra parte, Cáceres dijo que en el plan de gasto 2017 ya está incluido el pago del escalafón para los empleados del Ministerio de Educación y de Seguridad Pública; mientras que para el ramo de Salud el pago será parcial, ya que solo abarcará a los empleados cuyo sueldo es menor a $1,500, lo que equivale a un 85% de los trabajadores del sistema.
Fiscalía recibirá más fondos
En el tema del fortalecimiento a instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), el anteproyecto presentado ayer destina $68.8 millones para la institución que por mandato de la Constitución investiga el delito. Esto significa un aumento de $6.1 millones en contraste con la asignación de 2016, aunque no responde al llamado que hizo el Fiscal General, Douglas Meléndez, de duplicar el presupuesto de la Fiscalía para fortalecerla, en el marco del combate a la corrupción que lleva adelante.
Cáceres planteó que esto se logró luego de que en varias instituciones se hicieran “recortes” como en la Presidencial de la República, donde su presupuesto bajará de $128.3 millones a $121.7 millones en 2017, o en las asignaciones dirigidas a las autónomas.
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La diputada del FMLN y presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, aseguró que se han priorizado los gastos “con componente social” y que espera una discusión técnica sobre el presupuesto para evitar dañar los programas sociales que impulsa el gobierno.
“Las finanzas públicas deben estar en función de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; este presupuesto es congruente con la economía actual”, apuntó.
La propuesta de presupuesto será discutida las próximas semanas en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y está sujeta a modificaciones, sobre todo para incluir montos o asignaciones pendientes