El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a las autoridades judiciales salvadoreñas un informe contundente que revela los entresijos y complicidades de los ciberataques perpetrados en 2015 contra La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.
El documento prácticamente confirma los resultados de un primer peritaje realizado por expertos informáticos en los teléfonos y equipos decomisados en allanamientos al grupo señalado como autor de la copia fraudulenta de los sitios web www.laprensagráfica.com y www.elsalvador.com.
El informe, suscrito por la Fiscal General de los Estados Unidos, Loretta Lynch, muestra irreversiblemente las conexiones y los pagos efectuados para la compra de dominios que llevaron a los ataques cibernéticos que perseguían, incluso, sacar de operaciones ambos medios hasta por seis horas.
Como verán, las autoridades salvadoreñas y de Estados Unidos están llevando el caso con mucha seriedad y hasta las últimas consecuencias. Eso debe de tener muy preocupados a los involucrados porque es obvio que ellas no están jugando.
Más allá de las consideraciones legales y de quienes resulten culpables, lo más importante es que se está sentando un precedente contra la impunidad y la tentación de funcionarios y cualquier otra persona de atentar contra la libertad de expresión.
En adelante, nadie podrá sentirse por encima de la ley para atentar contra medios ni ningún joven inmaduro intentar hacerlo como si fuera un juego de niños, creyendo que nadie se dará cuenta.
También, este caso es una señal de advertencia contra la corrupción de funcionarios que quieran usar dineros del pueblo para contratar estructuras siniestras y callar las críticas y señalamientos.
La legislación salvadoreña contempla una pena de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos a los miembros de gobierno que incurran en el delito de atentados contra la libertad de expresión.
Estructuras de este tipo, abominables y sucias, solo me recuerdan las bombas contra La Crónica del Pueblo, La Monumental y la YSAX y las interferencias que le ponían a las homilías de Monseñor Romero, así como las cadenas radiales durante la guerra en los años 80.
Ahora es el Departamento de Justicia el que ha respondido al llamado de la justicia salvadoreña y esas pruebas no se pueden obviar.
Pero esa no es la única manera en que se busca imponer esquemas fracasados.
El rostro de la prepotencia y represión del oficialismo quedó bien mostrado esta semana cuando un funcionario humilló a un dirigente sindical en una reunión de diálogo entre representantes del gobierno y dirigentes gremiales. “¡Usted no es nadie!”, le espetó groseramente el funcionario de marras al sindicalista que había llegado a conversar.
El energúmeno siguió gritando para descalificar a los sindicalistas, quienes optaron por salirse de la reunión para no caer en el juego.
¿Desesperación por las protestas sindicales, o humor etílico o su verdadera personalidad? No sé, pero la vida da vueltas.
Durante he ejercido el periodismo he visto caer a muchos políticos que se sintieron seguros y elevados en su momento de cúspide, sobre todo en los años 80. Ahora esos personajes ya no son nada o ya no están.
Uno sabe cómo comienzan estas cosas, pero no cómo van a terminar.
Cuando el brazo de la justicia empieza a pedir cuentas, allí viene el llanto y el crujir de dientes y ni montando marchas o amenazas callejeras pueden evitarlo. Si no, pregúntenle a Belloso. No creo que ahora haya una excepción para castigar la impunidad.
*Editor Subjefe de El Diario de Hoy.