a mayor parte de 15 aspirantes de 25 que la Asamblea Legislativa ha entrevistado para el cargo de magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), coinciden en que si son electos en ese ente contralor, uno de sus principales objetivos será no dejar que los juicios de cuenta caduquen. Valoran que a raíz de esto hay mora en las auditorías.
Los candidatos admiten que la imagen de la Corte de Cuentas ha decaído y por eso se proponen como una misión especial, en caso que los diputados los elijan, levantar el trabajo que la CCR debe realizar, de identificar la corrupción estatal, pues afirman que así se los ordena la ley Orgánica de dicha institución y la Constitución de la República.
Controlar el gasto público, fiscalizar a los funcionarios gubernamentales, trabajar de la mano con la Fiscalía y ser ejemplo de austeridad estatal, son parte de los principios que estos aspirantes pusieron sobre la mesa el 19 de septiembre, fecha en que fueron entrevistados por los diputados de la subcomisión que analiza sus atestados y experiencia.
Candidatos como Saúl Flores Aguirre hablan de tajo que la ley de la Corte de Cuentas necesita de reformas que ordenen el trabajo administrativo y jurisdiccional.
“Por el costo beneficio, habría que incorporar una reforma que en aquéllos casos que no amerite juicios de cuenta se quede en el área operativa”, propuso Flores Aguirre a los legisladores.
Ejemplificó basado en su experiencia en la Corte de Cuentas, que para sancionar a un concejo municipal imponiendo una multa de $5,000 la Contraloría gasta entre $60,000 y $70,000.
Otros, como Juan José García Aguilar, hablan de modernizar el sistema de la Corte de Cuentas, aprovechando al máximo el presupuesto de $38.7 millones asignado a la entidad y administrar de forma eficiente los 1,270 empleados con los que cuenta.
Las relaciones de los magistrados con el sindicato es otro de los puntos que algunos de los aspirantes pretenden mejorar, esto a raíz de los choques constantes que han surgido entre ellos y los exmagistrados de periodos anteriores.
Los aspirantes se comprometieron en comunicar de inmediato a la Fiscalía de posibles cometimientos de corrupción en la administración pública, pues así está llamada esa institución de conformidad al artículo 312 del Código Penal, reflexionaron.
También aducen que es obligación de los magistrados de rendir anualmente un informe detallado y documentado a la Asamblea de las labores de la Corte de Cuentas dentro de los tres meses siguientes al finalizar un año fiscal.
El 19 de septiembre, los diputados culminaron las jornadas de entrevistas a 25 candidatos que optan por completar un año del periodo de tres años que dejaron los exmagistrados Johel Humberto Valiente (expresidente de la CCR), Raúl Antonio López y Marco Antonio Grande Rivera, como magistrados de la Contraloría salvadoreña.
El nombramiento de ellos fue declarado ilegal por la Sala de lo Constitucional, aduciendo que la Asamblea incumplió su obligación de acreditar la afiliación partidaria de Valiente y de López, el primero como miembro de GANA y, el segundo, inscrito en las filas del PDC, según establece la resolución judicial.
En el caso de Grande Rivera, la Sala dice que no se logró establecer su vínculo partidario al PCN, pero que en los tres nombramientos, la Asamblea tampoco argumentó porqué estos tres funcionarios son los más competentes para ejercer los cargos de magistrados de la Corte de Cuentas.
Desde el 29 de julio la CCR está acéfala. La Comisión Política se reunió el martes pero no abordaron el tema porque no hay acuerdo para elegir.