El Estado va a entregar papeles o promesas de pago por el dinero que les adeuda a los futuros y no tan futuros pensionados, papeles que en teoría se harían efectivos dentro de veinticinco años, cuando con una medida de probabilidad para ese entonces los emisores hayan cruzado la laguna Estigia o los portones de La Bermeja y se encuentren en el infierno, en aquel punto donde, se nos asegura, Dante coloca a los pícaros y a los que venden sus votos.
Los esquemas Ponzi, se trate de las estafas perpetradas por Maddoff, los típicos cuchubales o el Banco Stanford, cuyo dueño ha sido condenado a cadena perpetua, recogen dinero de depositantes, se hace fiesta con esos fondos y se les paga, por un tiempo, con lo que otros van ingresando.
Y esa ha sido la forma de operar en el sistema estatal; la diferencia es que a unos no les pagan nada mientras a otros, a los dueños de los fondos que “el Estado” viene despilfarrando, les quieren pagar con papeles o promesas a largo plazo, cuando, como dijo Keynes, “todos estaremos muertos”.
El esquema puesto inició pagando a los que están dentro con lo que cotizan los que van entrando, pero rápidamente los números no cuadraron hasta terminar, en este momento, en lo dispuesto por la Legislatura de pagar con bonos a largo plazo el dinero que les han tomado a los cotizantes desde hace más de diez años, papeles que en su vencimiento valdrán muy poco, como valieron muy poco los bonos de la reforma agraria de 1980.
La mayoría de jubilados
enfrenta gran pobreza
Fue durante el régimen Saca que se montó el esquema de manosear las pensiones, inclusive pretendiendo que todas las cotizaciones pasaran al fondo común, con las consecuencias que no cuesta imaginar. Y fue sólo por la protesta pública que se llegó al “justo medio”: una parte iba a invertirse por las AFP, la otra quedaba a disposición del gobierno de turno, que por usar ese dinero ha venido pagando tasas de interés ridículamente bajas y que ahora se esfuman al pretender saldar esos compromisos con papeles de vencimiento a un cuarto de siglo.
Mayor abuso es difícil de imaginar, un abuso perpetrado contra personas que no deciden si cotizar o no, sino que están obligadas por ley de hacerlo una vez que forman parte de la economía formal.
Hechos como estos sólo hacen pensar a la gente que el grupo en el poder no duerme tramando cómo caerle encima a los dineros de la gente y particularmente de los ahorrantes, de todos los ahorrantes, no sólo lo que corresponde a las pensiones; quieren exprimirlos intentando llegar “hasta el hueso” de la economía de todos, sea a través de maniobras como la emisión de papeles para pagar una deuda muy real, sea a través de alzas en el nivel de precios, sea rascando los presupuestos de salud, educación, servicios diversos, agua…
El país ha llegado a un punto que ya no aguanta, al mismo tiempo que los despilfarros y gastos de la nueva clase se elevan.
Tomar los ahorros, “sus pensiones”, de la gente cuyo esfuerzo, dedicación y en ocasiones sacrificios y penurias sostienen al país, es repugnante, pues al hacerlo muchos salvadoreños van a enfrentar una vejez de gran pobreza.