El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el país urge de un ajuste fiscal, ya sea vía ahorro o aumentando ingresos. El organismo dijo, tras una evaluación de la situación económica y financiera que “…para garantizar la sostenibilidad fiscal y la deuda y para elevar el crecimiento potencial se necesitarán políticas sólidas y reformas estructurales de gran alcance, apuntaladas por un amplio consenso político”.
Está hartamente probado que el incumplimiento de compromisos sobre deuda y gastos deteriora la confianza, colapsa las finanzas públicas, especialmente, cuando el Gobierno incumple dichos compromisos, una y otra vez, con el artificio de prometer sin cumplir. Recién el Gobierno incumplió un acuerdo “stand by” con el FMI, al igual que no honró el consenso legislativo por el cual se aceptó un pacto de sostenibilidad fiscal y presentación de presupuestos equilibrados. Por estos incumplimientos el FMI decidió dejar en suspenso el Fondo de Emergencia y perdimos esa garantía monetaria.
Una máxima financiera cobra vigor: “una deuda como tal no es un problema, sino hasta que ésta se convierte en un verdadero problema”, al grado de afectar a una importante masa poblacional políticamente y electoralmente crítica: la clase media.
Cuesta comprender cómo los gobernantes encuentran razones para abandonar políticas racionales encaminadas hacia el equilibrio presupuestario. Es más, reaccionan ante el llamado civil a la austeridad como ante un regaño a su política populista. Les importa más el mantenimiento de imagen y popularidad personal.
La economía y sus predicciones no son ciencia exacta, sin embargo, en política económica sí marca la diferencia el tomar decisiones sobre la base de los números, dejando claro el punto de inflexión en el cual demasiada deuda ya es un serio problema. Pese a ello, cuando el populismo y cuido de imagen contaminan las decisiones de gobierno, se maquillan datos y se niegan realidades.
La relación entre la deuda creciente y los problemas financieros sistémicos es fundamental para formular soluciones a largo plazo. Sin equilibrio entre deuda y crecimiento, es casi imposible lograr la estabilidad de los mercados. No aprender de la dura realidad internacional es tozudez. Países con elevadas deudas quisieron en vano sostener artificialmente sus programas sociales y de bienestar, como Portugal, Grecia y España. Estos países se resistieron a recomendaciones para asumir políticas de austeridad y luego, mantenerlos, implicó nuevas transferencias vía endeudamiento de los países ahorradores a los países deudores, indisciplinados. Aun así, la crisis, el colapso, les llegó inexorable.
La sociedad civil debe cerrar filas y exigir un alto a medidas que pueden calificarse ya de abusivas, como el asalto a los fondos individuales de pensiones, nefasta reforma de ley que pretende permitirle al Gobierno usar estos ahorros previsionales para pagar deuda a los pensionados. Un pecado imperdonable de antaño, otrora cuestionado por la izquierda. ¿Y el prometido cambio? ¿Y la ética revolucionaria?
La crítica situación de las finanzas públicas se sortea fraudulentamente aprobando presupuestos que sobrestiman ingresos e incluso, omiten o subestiman gastos. Un fraude a la Constitución. Y en verdad, una Ley de Responsabilidad Fiscal por si sola no garantizará la sostenibilidad de las finanzas públicas. No habrá ley que sea viable sin un compromiso político con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y de ahí la importancia de lograr un amplio acuerdo entre actores políticos y sociales. Este amplio acuerdo se plasma en ley, la cual, apropiadamente configurada y estructurada contendría importantes retos técnicos y políticos.
El debate amplio y la búsqueda de consenso entre los políticos son indispensables como antesala para restablecer la confianza de los actores económicos y sociales, la sociedad civil, y sobre esta confianza basar la estabilidad macroeconómica a largo plazo.
*Columnista de El Diario de Hoy.
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