La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó, el viernes pasado, una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas realizadas a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). La gremial aclaró ayer que solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suspenda el decreto pero con efecto diferido.
El director legal de ANEP, Javier Argueta, explicó que la demanda apeló al carácter de modulación de sentencias que tiene la Sala, en la que el organismo evalúa que el efecto que puede causar una suspensión es mayor que el de una declaración de inconstitucionalidad. “Lo que nosotros le pedimos a la Sala es que por el efecto de impago, de posible crisis que esto pueda generar para todos los salvadoreños y los sectores a nivel nacional, que se dé el permiso en esta emisión y se suspenda a la siguiente”, dijo Argueta al presentar el recurso.
El representante de la gremial explicó ayer que, para la ANEP, en base a un ejercicio de ponderación o de valor, es preferible que esta reforma permita emitir los $71.5 millones que el Estado urge pagar este viernes 7 de octubre en Certificados de Inversión Previsional (CIP) porque evitará una posible crisis económica que incluya incremento de precios, calificación de riesgo y tasas de interés. Sin embargo, después de eso, la Sala debería suspender la medida para prevenir, también, que el Ejecutivo abuse constantemente de este recurso. Según el demandante, las reformas a la ley del FOP son inconstitucionales porque vulneran al menos cuatro artículos fundamentales: el Art. 50 (relativo a la seguridad social como servicio público obligatorio), el Art. 144 (al violentar acuerdos internacionales como el Protocolo de San Salvador que asegura que toda persona tiene derecho a seguridad social )y el Art. 135 y Art. 148 ( que dice que cualquier ley debe contar con debate suficiente y aprobarse con mayoría legislativa, 56 votos).
“Yo recomendaría a la Asamblea que derogue (el decreto) y que se pongan de acuerdo”, dijo Argueta, quien agregó que “si no hay formas legislativas para aprobar los $71.5 millones para no caer en impago, se suspenda con efectos diferidos”.