Los dirigentes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) acudieron ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a interponer una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas, recién aprobadas, por los diputados a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), durante la plenaria del jueves anterior .
La abogada del Comité, Marcela Ramos, explicó con tres argumentos la base de la demanda que rechaza que las fracciones del FMLN, GANA, PCN y PDC le permitan al Gobierno agarrar $71 millones de los ahorros de los cotizantes, administrados por las AFP, supuestamente para pagarle las pensiones de octubre, noviembre y diciembre a 160 mil pensionados, cuando en realidad era para pagar una deuda contraída por colocar Certificados de Inversión Previsional (CIP).
En primer lugar, explicó Ramos, “ha habido un irrespeto al proceso de formación de ley, que está previsto en la Constitución, porque se acudió ilegítimamente al proceso de Dispensa de Trámite, que está permitida cuando hay una urgencia demostrable y cuando hay una justificación objetiva, pero en este caso no se trata de una urgencia, sino que es para honrar obligaciones que debieron haber sido previstas por el Gobierno”.
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En ese sentido, señaló que urgente es algo que surge de repente, y es cuando uno tiene que atender un compromiso que no estaba previsto, pero en este caso el Estado sabía cuándo tenía que pagar el capital y los intereses de los Certificados de Inversión Previsionales (CIP) ; no fue algo imprevisto, sino algo que tenía que haber presupuestado y no lo hizo.
En segundo lugar, la abogada señaló que tampoco se respetó la mayoría calificada que se requiere en la plenaria legislativa para votar y aprobar que el Estado contraiga más deuda. “En este caso, se ha acudido al fraude a la Constitución al decir que se van a honrar obligaciones previsionales cuando realmente el Gobierno está tomando este dinero, de nosotros los trabajadores, para poder honrar obligaciones o deudas del Estado, no deudas previsionales”.
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En otras palabras, la abogada aclaró que las obligaciones previsionales están cubiertas por el mecanismo original de la Ley del FOP, pero que con este nuevo mecanismo que fue aprobado con las reformas, lo que se está haciendo es elaborar “un ciclo interminable de deuda”, porque “el dinero de nosotros los trabajadores nunca va a regresar.
El Estado, a través de los CIP, contrajo un compromiso con nosotros los trabajadores de devolvernos en un plazo el capital y los intereses, pero en este caso, con este nuevo mecanismo, no van a devolvernos ni capital ni intereses, sino otros CIP”.
El tercer motivo es la violación a la prohibición de confiscación: “a los trabajadores se les está confiscando su dinero”, dijo.
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Medida cautelar
El presidente del Comtradefop, Ricardo Soriano, dijo que la medida cautelar que solicitan a la Sala de lo Constitucional es la suspensión temporal de las reformas. “El problema es tan urgente que hay que atacarlo ya, y no darle tiempo al Gobierno para que le siga sacando ahorros a los trabajadores, porque ellos bien sabían y no lo presupuestaron antes”.